Recientemente salió publicado un anuncio de Microsoft, disfrazado de noticia en algunos medios nacionales y locales. En este artículo se menciona que las pérdidas por piratería de software (programas de cómputo) en México suman mil millones de dólares. Se informa que en los países de la OCDE representa el 36% del mercado pero en México representa más del 60%. Y que para combatirla, se venderán aplicaciones en ¨la nube¨ con ahorros hasta del 70% para los consumidores.
Como siempre, traté de verle la otra cara a esta moneda. Primero comencé con que las utilidades de Microsoft son altísimas, lo cual implica que vende sus productos muy caros. De allí que en países pobres como el nuestro, la única alternativa para muchos ciudadanos de tener acceso a esa tecnología es vía la piratería. Y sonreí. Porque ahora resulta que esos criminales que piratean programas, le están haciendo un bien a muchos mexicanos, que de otra manera no tendrían conocimientos tecnológicos ni en el uso de los programas de cómputo. Luego pensé en las medianas y pequeñas empresas, y sobre todo en las micro empresas, esas que si pagaran el costo de todos los programas que usan, simplemente estarían fuera de mercado. Llegando a la conclusión de que en México la piratería le ha hecho un bien a la Nación.
Dejar fuera aspectos legales es importante para este análisis económico y social.
Se dice que la piratería atenta contra empleos, pero quien desarrolla software vive en el extranjero y con o sin las ventas a esos millones de mexicanos, de todas formas mantienen sus trabajos y su labor de investigación, pues sus empresas tienen márgenes de utilidad tan elevados, que pueden llegar a considerarse excesivos, y que afectan al mercado y a la economía mundial. Sus actividades de cuasi monopolios así lo indican, tanto como las listas de multimillonarios de Forbes, que muchos admiran, pero que pocos vemos como riqueza mal habida, al abusar de una posición dominante en el mercado. Y le pongo un ejemplo, si hacer o desarrollar un programa le cuesta a usted un millón de pesos, y la venta de ese programa le va a dejar de utilidad cien millones de pesos, quiere decir que está usted obteniendo una ganancia excesiva. Abusando del mercado y la ignorancia de los consumidores. He aquí una falla moral, que el capitalismo no sanciona con sus leyes.
Mientras tanto, podemos entender que con un mercado informal en términos de número de trabajadores, similar al mercado formal de la economía, la creación y mantenimiento de empleos informales se ve favorecida por la piratería, pues gracias a ella tanto la cadena de producción de productos pirata como la de distribución de los mismos se ven favorecidos. Si acaso, habría que regular esta actividad, para que no vendan productos inservibles y defrauden al consumidor.
Un país que no genera empleos formales para absorber la fuerza laboral que año con año se suma a la economía, no puede darse el lujo de combatir la creación de empleos, aunque se trate de informales, porque son un colchón de protección para su estabilidad social. De allí que entender el porcentaje de piratería en el país y su falta de combate efectivo, en función de estabilidad social, es inmediato.
La próxima vez que vea usted un anuncio en contra de la piratería podrá hacerse estas reflexiones también. Y otras más, como por ejemplo, que un DVD se paga con 50 pesos pero si es original se lo venden en más de cien o doscientos. Y luego nos regañan porque es moralmente incorrecto comprar piratería, sin medir si es moralmente incorrecto tener ganancias tan brutales, como tres o cuatro veces el costo de un producto.
Habría que redefinir el capitalismo, para que en lugar de buscar el mayor lucro, busque el mayor beneficio para el mayor número de personas, siempre –claro está- con una utilidad que no sean tan brutalmente exagerada.
Mientras tanto, estaremos preparados para volver a caer en manos del monopolio de software ahora trabajando en sus servidores, vía internet y sin tener datos en nuestras propias computadoras, pero eso sí, con un servicio de internet caro y lento, comparado con los países de la OCDE. Pero esa comparación no la hacen nuestras autoridades.
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