CAMALEON
La Facultad De Derecho de la Universidad Veracruzana ha organizado un ciclo de conferencias en el que campean temas de vital importancia, por su actualidad y por el impacto que producen al interior de la sociedad. Destaca entre ellos el que se refiere a los sistemas de seguridad social que abarcan jubilaciones y pensiones. Este es un asunto de subrayada importancia en la agenda pública y de todo gobierno en la medida que corresponde al Estado revitalizar los mecanismos para replantear la seguridad social en los mejores términos para la base trabajadora sin afectar otros sectores de no menor jerarquía.
Fue durante el tránsito del Estado Liberal burgués al Estado Benefactor cuando empezaron a surgir las grandes movilizaciones de las clases trabajadoras en pos de beneficios sociales, de igualdad y mejoras materiales. Las crisis económicas provocadas por el ya excesivo y muy anárquico “dejar hacer” y “dejar pasar” obligaron al replanteamiento del quehacer del Estado en la economía, a la que había necesidad de regular de alguna manera después del desquiciante crack económico de 1929. Entonces se pudo advertir el gran poder que una organización política como el Estado podía ejercer en la reconstrucción de la economía, inspirada fundamentalmente en Keynes, en esas circunstancias se dio el surgimiento del Estado Benefactor.
Durante el gobierno de Bismarck en la Alemania de fines del siglo XIX, las movilizaciones obreras propiciaron la necesidad de una nueva relación entre el capital y el trabajo, que atendiera las exigencias de una clase trabajadora cuyo crecimiento era exponencial; para atenuar los reclamos se implementaron los novedosos sistemas de protección social. En la sinergia de los movimientos de la clase trabajadora internacional se inspiraron países periféricos como México, que una vez lograda la Revolución de 1910 recogió las inquietudes obreras cristalizándolas en nuevo Pacto Social sintetizado en la Constitución General de la República. Del artículo 123 constitucional partió la legislación secundaria adecuada a las nuevas relaciones obreros patronales.
El 27 de agosto de 1931 el presidente Pascual Ortiz Rubio publicó la Ley Federal del Trabajo, Reglamentaria del artículo 123 de la Constitución General; el nuevo cuerpo legal introdujo la figura del Seguro Social, aunque finalmente conseguido en 1943 cuando el presidente Ávila Camacho expidió la Ley del Seguro Social reconociendo “seguros de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedad y accidentes y otros con fines análogos”. Sin duda un logró inspirado en los principios que dieron lugar a la Revolución Mexicana.
Previamente, en 1925, el gobierno de Calles había expedido la Ley de Pensiones de Retiro, gracias a ella los trabajadores al servicio del Estado podían recibir prestaciones y servicios por parte del gobierno federal; en 1959, el gobierno del presidente Adolfo López Mateos creó el ISSSTE, que proporciona con su variada gama de 21 prestaciones a los trabajadores al servicio del Estado una extensa seguridad social y generosas prestaciones.
En el Estado de Veracruz el gobernador Jorge Cerdán expidió la Ley del Seguro del Magisterio Veracruzano el 8 de septiembre de 1944; el gobernador Marco Antonio Muñoz creó el Instituto de Compensaciones de Retiro, transformado en Instituto de Pensiones de Retiro en 1958 por el gobernador Antonio Quirasco y, finalmente, en 1967, el gobierno de Fernando López Arias lo convierte en el Instituto de Pensiones del Estado, al que los trabajadores debían contribuir con una cuota del 6 % de su sueldo; una aportación que actualmente es del 11% del sueldo básico, en tanto que el gobierno del estado y organismos incorporados deben aportar el 13.53%, esto último de acuerdo a la reforma de 1996 que impulsó un nuevo esquema de cotización durante el gobierno del gobernador Patricio Chirinos.
En el ciclo de Conferencias organizado por la Facultad de Derecho, al que ya hemos aludido, el actual Director del Instituto de Pensiones, Adriano Fabre, presentó una muy completa e interesante exposición intitulada “Panorama General de la Seguridad Social”; el análisis proyecta un detenido estudio que recuerda el tema del Instituto de Pensiones bajo su encargo. Para nadie es un secreto que este Instituto de Seguridad Social está inmerso en la problemática estructural que padecen casi todos los institutos de su tipo, en México y en el mundo.
¿Cómo abordar las reformas estructurales y legales que forman parte del debate actual referido a los institutos de seguridad social? Esa es una interrogante que deben dilucidar quienes se encargan de tema tan importante. Para darnos una idea de su complejidad, basta tomar como marco de referencia el hecho de que en 2012 el Congreso de la Unión aún no termina por ponerse de acuerdo acerca de las reformas a la Ley del Trabajo, vigente e intocada desde 1931. Desde aquel entonces a la fecha esta Ley no ha sufrido sustanciales modificaciones, es un fenómeno legislativo que no deja de preocupar porque, sin refutación alguna que valga, este México es un país que no se parece a aquel de la crisis del 29-33.
En esa lógica se debate ya la posibilidad de una reforma a la Ley del Instituto de Pensiones del Estado, el escenario es un marco de referencia en donde se avisa que el Estado de Bienestar pasó a la historia porque México está inmerso en el más atroz neoliberalismo económico de que se tenga memoria.
De allí que sea destacable el que una instancia universitaria, como la Facultad de Derecho de la UV, dé cabida a temas como el que aquí señalamos; las nuevas generaciones de profesionistas, parte importante de la sociedad, deben aprender de este debate la problemática a la que enfrentaran con paradigmas diferentes del que las generaciones pasadas siguieron cuando formularon su marco jurídico de convivencia. ¿Nueva Ley del IPE? He allí la cuestión.
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