Denuncian a titular de Agencia Especializada

La oficial secretaria de la Agencia Especializada en Delitos
 Sexuales, Victoria López Berthely, junto con la titular, Clarisa
 Tapia Urias, fueron denunciadas.

El Sol de Córdoba

9 de octubre de 2012

Córdoba, Veracruz.- Una mujer presentó una denuncia ante la Subprocuraduría de Supervisión y Control, de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en contra de una secretaria y la titular de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual y contra la Familia, por presuntas irregularidades, debido a que no le permiten llevar a cabo su defensa debidamente, en un proceso que existe en su contra, y a diferencia de eso, incurren en dilación, maltrato y omisiones, cuando ha tratado de aportar pruebas en otros 3 expedientes que emprendió contra su ex pareja, entre los que destaca uno por violencia familiar y robo.

En un escrito dirigido al subprocurador del área de Supervisión y Control, Bertoldo Reyes Campuzano, la ciudadana María Elena Reyes Alvarado, con domicilio en la congregación Venta Parada, municipio de Amatlán de los Reyes, exigió que se inicie un procedimiento administrativo por las irregularidades y presunta violación a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.

Dio a conocer que a pesar de haber emprendido procesos penales y haber aportado pruebas consistentes en varias cuentas bancarias de la persona a la que demandó -aparentemente por incumplimiento de la obligación de dar alimentos-, y que se dice insolvente, no se han realizado los acuerdos correspondientes, siendo estos actos en su perjuicio.

Además, precisó en la queja, que a pesar de que ella ha instaurado 3 denuncias en esa dependencia y no se han desahogado las diligencias necesarias, la misma fiscalía mantiene abierta una investigación en su contra, de la cual no ha sido notificada por el personal actuante, aún cuando constantemente acude a esas oficinas a solicitar informes de los procesos legales que ha emprendido.

Asistida por el abogado Norberto Oropeza Pérez, la presunta agraviada denuncia a la agente titular y secretaria de la referida dependencia, Clarisa Tapia Urias y Victoria López Berthely, respectivamente.

En una parte de la querella, la afectada expone que "con la personalidad de presunta inculpada que tengo, dentro del expediente 904/2011 de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos contra la Libertad y la Seguridad Sexual y contra la Familia de la ciudad de Córdoba, Veracruz, he realizado mi defensa con exceso de irregularidades -por parte de los servidores públicos-, además de "malos tratos", "exigencia de dádivas", "dilación en la integración ministerial".

Agrega que "sin soslayar que nunca fui debidamente notificada, ya que de esta denuncia me enteré por "suerte" porque en esa misma representación social tengo 3 expedientes como víctima, con los números de investigación ministerial 849/2011, 377/2012 y 969/2012 en contra de Moisés Barragán Aguilar, por lo cual resulta imposible que en esa agencia no me pudieran localizar o enterarme de la misma".

La mujer indicó que del 17 al 19 de mayo pasados presentó pruebas, que fueron recibidas hasta el mes de junio, y donde exhibe datos de 5 cuentas bancarias de su ahora denunciante, Barragán Aguilar, mismo que argumentaba no tener solvencia económica, cuando ella lo denunció para reclamarle una pensión alimenticia.

En esas fechas de mayo, dijo, "la secretaria López Bethely se negaba a recibir los documentos, argumentando que no tenía tiempo y que no le había autorizado la licenciada Clarisa a recibir la documentación.

Posteriormente, el 5 de octubre, al acudir a pedir informes del acuerdo que tenía que tomar sobre la información de las 5 cuentas bancarias, la secretaria también decía que los escritos estaban mal hechos porque tenían muchos artículos y nos dijo que para qué queríamos saber de las cuentas si el dinero era del señor Barragán y que él se lo había ganado".

Debido a ello, la denunciante decidió grabar con su teléfono la conversación de la secretaria, donde se negaba a recibir las pruebas, argumentando que no estaba la titular y que fueran al día siguiente, e incluso le dijo a la afectada que ella no tenía por qué decirle las funciones que tenía que hacer.

Por todo ello, la denunciante solicitó ante el Subprocurador de Supervisión y Control, investigar estos actos y proceder a ejecutar un proceso administrativo, debido a las faltas en que incurrieron las 2 funcionarias de la dependencia ministerial.