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domingo, 9 de septiembre de 2012

VERACRUZ A LA VANGUARDIA EN LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA.: REYES PERALTA.


Ahora los abogados tienen que capacitarse para los juicios orales.
100 Becas para abogados veracruzanos; Colegio Nacional de Abogados.
 por: J.V.V.
Córdoba, Ver. Veracruz se ha ubicado a la vanguardia a nivel nacional, al haberse autorizado el pasado jueves, por los legisladores locales el nuevo Código de Procedimientos Penales del Estado de Veracruz, aseguró el Presidente del Colegio Nacional de Abogados Litigantes Jorge Reyes Peralta.  

Dijo que, como el Gobernador Javier Duarte de Ochoa lo hiciera, el también se une a la felicitación a los legisladores veracruzanos, “sin duda una decisión necesaria para la actualización del Código Penal de nuestro estado”.

Resaltó el leguleyo, que con esta modificación trascendental para la vida jurídica de la entidad veracruzana, esta actualización obliga a la constante capacitación de los abogados, ya que para poder intervenir en los juicios orales se tendrán que acreditar evitando así a los llamados “coyotes”.

Ante esta situación y la necesidad de capacitar a los abogados para enfrentar la modernidad de los juicios orales, el Colegio de Abogados Penalista está ofreciendo 1000 becas a nivel nacional y para Veracruz le estarían correspondiendo 100, estas podrán conseguirlas mediante una solicitud al mencionado Colegio en sus oficinas de la ciudad de México.

Reyes Peralta resaltó que ahora se inicia una nueva era de justicia penal para Veracruz, al alinearse con la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con todos los estados de la Republica.

La sesión del pasado jueves 7 de septiembre ha sido sobresaliente al lograse también la nueva ley de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social para Veracruz, mejorando así la rehabilitación penal en todos los ceresos veracruzanos.     

     
RECLAMAN LA DEMORA EN EJECUTAR ORDENES DE APRENSIÓN
A cuatro meses de haberse girado la orden en contra del abogado Luis Zamudio Villar aun no se ha podido ejecutar. 
Solicitaran órdenes de cateo en domicilio de familiares.

Córdoba, Ver.- A cuatro meses de haberse girado la orden de aprehensión en contra del abogado Luis Zamudio Villar esta no ha podido ser cumplida, señaló el abogado Jorge Reyes Peralta.

Se nos ha informado que Zamudio Villar, ha sido visto en la ciudad paseando con su familia, los han encontrado en la misma iglesia, pero las autoridades son las únicas que no han podido dar con él, refirió el abogado representante de la familia Solís  quienes son los afectados.

Reyes Peralta resaltó, que se está visitando autoridades estatales, municipales y federales en busca de ayuda para lograr la detención del presunto defraudador, quien timará a la familia Solís con mas de 5 millones de pesos.

La orden de aprehensión se giro en contra de Manuel Calleja y Luis Zamudio Villar, el primero ya se encuentra detenido y seta siendo procesado por la responsabilidad que le resulte mientras que Zamudio Villar aun sigue prófugo de la justicia.

Se ha solicitado al juez primero de primera instancia con sede en el penal de la Toma, Alfonso Balderas obsequie dos órdenes de cateo, en dos domicilios ubicados en esta ciudad, donde se presume se encuentra escondido el presunto defraudador.

El delito que se ha cometido en agravio de mis representados señaló Reyes Peralta es de los considerados graves por la cuantía por lo que a pesar de que buscaron ampararse esto no fue posible por el tipo de delito y el monto superior a los 5 millones de pesos.

Recordó el modo en que se cometió el ilícito, dijo que Calleja y Zamudio se entrevistaron con los afectados a quienes les invitaron a participar en una empresa en la ciudad de Monterrey, tras convencerlos de su participación,  les entregaron cinco millones de pesos.

Al paso del tiempo les pidieron información sobre la empresa algo que evadieron los presuntos defraudadores, por lo que se investigo confirmando que la empresa era fantasma y que nuca había existido por lo que solicitaron la devolución de su dinero misma que fue negado llegando a la denuncia en la agencia del ministerio público, misma que fuera consignada al juzgado primero de primera instancia, por el delito de fraude.

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