ARTICULISTA INVITADO
En la semana que transcurrió, nos congratulamos con la declaratoria a Enrique Peña Nieto como Presidente Electo, e iniciamos los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura del Congreso, en este contexto, nos centraremos ahora en el intenso debate político y social que suscitarán las reformas estructurales que requiere nuestro país. Estimados lectores, insistimos en el tema de las reformas porque son prioritarias para dar un nuevo rumbo al país, y esto tiene plena justificación por razones tan diversas: como ser más democráticos, contar con mayor gobernabilidad, elevar los niveles en la calidad de vida de los ciudadanos, ser más competitivos en el concierto internacional, atrayendo a los capitales extranjeros, así como retomar el liderazgo en Latinoamérica, o simplemente renovar instituciones que no se corresponden con las necesidades que exige el mundo contemporáneo.
Sin embargo, es primordial antes de reformar, preguntarnos ¿qué debemos reformar?, ¿hacia dónde queremos ir?, ¿qué falta en nuestras estructuras de gobierno o qué está de más? Debemos evaluar constantemente lo que da resultados y lo que no; entonces, para estar en condiciones de diagnosticar el remedio puntual, debemos establecer objetivos claros y consensuados hacia los cuales dirigir estas reformas estructurales.
Para hablar de reformas estructurales, debemos también entender la relevancia de las mismas y la diferencia con otro tipo de reformas. Las reformas estructurales modifican la articulación de nuestro Estado, cambian o suprimen instituciones que puedan estar afectando el camino hacia los objetivos acordados en el proyecto de nación. Las reformas estructurales reconfiguran de una u otra forma el sistema político, la manera de construir acuerdos y la forma de dar respuesta a necesidades fundamentales del Estado y la sociedad.
Otro aspecto de las reformas estructurales que debe difundirse entre la población, es la urgente necesidad de su estudio y aprobación, toda vez que estas reformas versan sobre los temas de la más alta relevancia para la estabilidad política y social del país o la necesidad de dar solución a requerimientos puntuales, además, exige a las fuerzas políticas representativas a justificar y defender sus posiciones, así como, en su caso, ceder en algunos aspectos. Es decir, alcanzar la construcción de acuerdos bajo la lógica del mayor beneficio en favor del interés de la nación.
Debemos tener en cuenta que la construcción de los acuerdos para realizar las reformas estructurales, es un ejercicio que requiere ser agendado como tema de relevancia nacional, convocar a los grupos políticos y sociales, a los expertos en los temas específicos, a los terceros afectados por los posibles cambios, pero también a todos aquellos mexicanos que interesados por la consolidación de la democracia en nuestro país desean expresar su opinión y colaborar con el proyecto.
Es necesario además que las reformas estructurales se encuentren en armonía entre ellas mismas, que se diseñen con base en las necesidades nacionales pero previendo sus efectos en el plano internacional y que estén diseñadas bajo el supuesto de la cogobernanza, en donde gobierno y sociedad trabajen de manera conjunta para el correcto desarrollo y funcionamiento de estas reformas.
En México son varias las reformas que tenemos pendientes y sobre las que ya se perfilan grupos de trabajo especializados en el Congreso de la Republica en coordinación con el Ejecutivo que presidirá Enrique Peña Nieto. Reformas sobre las que ya se ha deliberado, analizado y que en esta Legislatura se debatirá a fondo. No es saludable para el país que pase más tiempo sin resolver estos temas, debemos dar soluciones a estas necesidades básicas del país como la reforma en seguridad nacional y combate al crimen organizado, la reforma energética, la reforma laboral, la reforma hacendaria.
El Senado de la República tiene un papel fundamental en la consecución de las reformas estructurales, pero tiene aún mayor responsabilidad e intervención en la reforma de seguridad pública y combate al crimen organizado, ya que si bien esta necesidad tiene su epicentro en nuestro país no se limita a tener efectos únicamente en México, por el contrario, es un problema que se está globalizando con rapidez y por tanto interesa a un gran número de países. Esta reforma debe plantearse respaldada por un plan de acciones conjuntas con esos países y conformar, si es necesario, valorar la creación de instancias supra nacionales de coordinación y acción para combatir la producción, traslado, venta y consumo de drogas y estupefacientes, así como sus daños colaterales.
Nuestro Senado se encuentra en posición de coadyuvar con la reforma en seguridad nacional y combate al crimen organizado al interior, pero de igual forma tiene la posibilidad de proponer y liderar un plan regional o internacional de acciones conjuntas. Esta institución tiene la posibilidad transversal de retomar el liderazgo en América Latina que desde hace doce años se ha visto erosionado.
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