*A falta de pruebas, arraigos
*Generales solicitan amparo

En una conferencia de prensa que ofreció en el marco de la Segunda Cumbre México-Comunidad del Caribe a la que asiste en Bridgetown, Barbados, el Ejecutivo Federal se refirió por primera vez a la aprehensión de los generales Tomás Angeles Dauahare, Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia Vergas y del teniente coronel Silvio Isidoro de Jesús Hernández, por presuntos nexos con cárteles de la droga, en la que lamentó y condenó que algunos integrantes del Ejército, “muy individualmente, hayan incurrido en actos ilícitos, según las evidencias encontradas en la Procuraduría General de la República, como -sic- por la Procuraduría Militar”, mismas que, al menos hasta ahora, no les han sido probados -por eso tuvieron que ser arraigados- y basados en versiones de “testigos protegidos”, capaces de testificar contra quienes les ordenan con el ofrecimiento de reducción de condenas.
El presidente Calderón declaró que la aplicación de la ley se realiza en México sin importar jerarquía, cargo o comisión, ya sea que el personal se encuentre en activo o en retiro -una clara alusión a los militares- y que el hecho de que sea el Ejército mexicano mismo el que haya impulsado tanto las investigaciones en apoyo a la PGR para fincar responsabilidades contra los miembros que hayan incurrido en actos ilícitos, es una prueba de la solidez y lealtad del Ejército mismo”.
Sin embargo, si realmente el Ejército hubiera fincado responsabilidades a los generales Angeles Dauahare, Dawe González y Escorcia Vargas y se las hubiera aportado a la PGR, ésta dependencia los habría consignado de inmediato ante el Ministerio Público y no solicitar a un juez federal su arraigo, en busca de tiempo y pruebas para proceder en su contra.
Calderón fue insistente en señalar que “no por uno o algunos miembros que puedan estar traicionando a las Fuerzas Armadas y a sus compañeros de armas que arriesgan la vida diariamente defendiendo a los mexicanos debe generalizarse en ello a todo el Ejército”.
En el caso de los generales detenidos y cuyo arraigo -contra el que solicitaron amparo- concluye la última semana de este mes, cuando también lo hagan las campañas electorales y a unos días de las elecciones del 1 de julio, la PGR se apresuró, la noche del miércoles pasado, en difundir un comunicado para señalar que esa acción “carece de connotación política o de relación algunas con las campañas en curso o de los candidatos en contienda”, que vino a ser la aplicación de aquel refrán que pareció explicarlo todo y que fue el de “aclaración no pedida, acusación manifiesta”.

De ocurrir lo mismo ahora con los militares de alto rango que fueron arraigados, mientras se encuentran pruebas y no sólo versiones de “testigos protegidos”, podría darse un “generalazo” que, como está la situación en el país, sería no sólo grave sino riesgoso, dado el malestar que priva en las filas del Ejército, a cuyos miembros se les ordenó encabezar la lucha antinarco, tarea policíaca, no militar y a los que hoy, por testimonios “de oídas”, se les imputan cargos sin pruebas por lo que en vez de consignarlos, se les arraiga con la esperanza de encontrarlas.
De esto y de aquello…
Ni Josefina Vázquez Mota, ni Andrés Manuel López Obrador, ni las legiones de los que se valen en las redes sociales para sembrar odio, encuentran de qué manera acortar la ventaja que les lleva Enrique Peña Nieto, quien a pesar de ser blanco de andanadas de todos ellos, no sólo se mantiene muy distante de sus opositores sino que a cada embestida se aleja más… A las movilizaciones anti-Peña que los candidatos presidenciales del PAN y de izquierda y los tuiteros convocaron el pasado fin de semana en la ciudad de México y en otras de provincia y que seguirán convocando en días venideros, que no lo lograron, se sumó un nuevo episodio con el que supuestamente buscan “victimizar” al tabasqueño… Es el caso de un “desconocido que portaba un arma y se acercó a López Obrador en el mitin al que asistió el domingo en Ecatepec, estado de México: sí, el mismo que gobernó Peña Nieto… Sólo que de ese “desconocido armado”, nadie supo nada porque quienes supuestamente lo detuvieron, no lo entregaron a la policía municipal, como debieron hacerlo… No, al menos, a los tripulantes de la patrulla 230 del sector San Agustín, del municipio mexiquense del que fue alcalde Eruviel Avila, el hoy mandatario priísta mexiquense, como lo aseguraron algunos lopezobradoristas… Sin embargo, valiente -como la honestidad que fue su lema durante su gestión como titular del Gobierno del Distrito Federal, rodeado de colaboradores corruptos- el abanderado de la coalición Movimiento Progresista dijo que a pesar de ese hecho, no incrementará las medidas de seguridad en lo que resta de su campaña… Mientras no se conozca la identidad del supuesto “magnicida” y las autoridades de Ecatepec no confirmen que les fue entregado, López Obrador tendrá que seguir buscando cómo frenar a Peña Nieto, sobre todo después de que la versión surgida desde su grupo de que Vázquez Mota “declinaría” seguir en la contienda y se sumaría a él, fue rotundamente negada por la candidata panista… Lanzar a los jóvenes, estudiantes o no, a las calles, como lo empezaron a hacer los abanderados del blanquiazul y de izquierda, para pronunciarse en contra del puntero, que lo es de oposición, es un serio riesgo si azuzados como están, empiezan a hacer de las suyas…

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