Cosas Pequeñas
Después de esta entrega, prometo no volver a ocuparme de Felipe Calderón Hinojosa... en lo que resta de su administración. Lo haré, desde luego, siempre que no tenga un acierto digno de mención --algo poco probable-- o que no pase algo catastrófico, muy propio de la maldición de fin de sexenio. Ya no hay nada qué hacer para que se modifiquen las políticas que durante 71 meses y medio se aplicaron a rajatabla.
Es un hecho cierto que el narcotráfico y la delincuencia organizada habían avanzado de manera notable cuando terminó la administración del Presidente Fox. El propio Calderón señaló que los maleantes tenían la clara estrategia de sustituir al Estado, algo que por cierto está ocurriendo sin que nadie lo impida en sitios como la Cuenca de Burgos en la que, sencillamente, los criminales mandan y lo controlan prácticamente todo. Y es algo que ocurre en muchos otros lugares de México, no sólo en esa región gasífera.
No puede objetársele a don Felipe, tampoco, que si no hubiera tomado medidas, la situación se habría tornado mucho más compleja de lo que es ya. Pero sí hay varias cosas que tener presentes, que no pocas ni son menores:
1.- La elección del Presidente en julio de 2006 tuvo severos cuestionamientos e incluso el reconocimiento expreso por parte del entonces presidente del Instituto Federal Electoral respecto de una operación de Estado para favorecer a Calderón. Su triunfo, por menos de un punto porcentual, fue calificado específicamente de fraude electoral por numerosos actores políticos.
2.- Felipe Calderón ingresó, literalmente, al Palacio Legislativo por la puerta trasera para rendir la protesta de ley, en un ejercicio extraño, poco o nada republicano y revelador de la acritud y confrontación social con las que el Presidente empezó su gobierno, por no hablar de la tristemente célebre “toma de la avenida Paseo de la Reforma” que se prolongó durante semanas.
3.- Muchos expresaron entonces que la convocatoria presidencial para HACER LA GUERRA al narcotráfico era un objetivo oportunista que más allá de consolidar al estado de derecho y reducir a los delincuentes a su mínima expresión, buscaba en realidad legitimar al incipiente Gobierno.
A medio camino, uno de los colaboradores de Calderón intentó negar, sin éxito, que se tratara de una guerra, incluso rechazó el término. Pero ahí estaban las declaraciones previas, del propio Presidente y de muchos más: no era una simple expresión, era un proyecto claro y determinado de utilizar a las fuerzas armadas en las calles para la persecución de delincuentes.
4.- Respecto de la estrategia utilizada, parece que se trató de una improvisación, casi de una ocurrencia: fue obvio que no se calcularon las fuerzas de los bandos, que no se midieron las consecuencias de potencializar el uso de la violencia “legítima” desde el Gobierno, que no se consideró el nivel de penetración de la delincuencia dentro de las instituciones --y no sólo en las corporaciones de seguridad sino en los ministerios públicos, los juzgados de todos los niveles, las oficinas administrativas--, que no se calculó el poder corruptor del dinero negro, que no se consideró la enorme cantidad de “civiles” involucrados por la buena o por la mala (“plata o plomo”) en las tareas de informantes o colaboradores de todo tipo para las células del crimen; parece que tampoco midieron la cantidad de dinero sucio que, a carcajadas, se blanquea de lo lindo en empresas --y bancos como HSBC y otros que no se denuncian--, que no se consideró la fuente de “ingresos alternativos” que se convierten en el único mecanismo de subsistencia para muchos individuos y familias vinculadas de una u otra forma a la delincuencia.
¿Calcularon los autores de la estrategia cómo estaría el país seis años después de su puesta en práctica? Parece que no. Es un hecho que el narcotráfico continúa con toda intensidad. Las bandas siguen disputando el control territorial en prácticamente todo el país, entre ellas y a las autoridades. Todos los días se denuncian actos de colusión que involucran a numerosos servidores públicos. La acción delincuencial se ha diversificado: el secuestro y los delitos de todo rango contra personas inocentes y ajenas a la delincuencia son pan de todos los días.
En términos de violencia y sufrimiento, ¿estamos mejor hoy que hace seis años? Yo opino que no.
5.- El peor cuestionamiento le vino de dentro, cuando uno de los más altos mandos de la milicia declaró hace poco que deberá cambiarse la estrategia, que en el futuro inmediato habrá que apostarle mucho más a las tareas de inteligencia y los golpes de precisión.
En medio de todo esto, el Presidente Felipe Calderón decide concluir su administración con la erección de un parque memorial, según consigna EL UNIVERSAL: “...con el que busca ofrecer un homenaje a las personas que perdieron la vida en el combate al crimen organizado”.
Más allá de los detalles que de por sí son agresivos para muchos (el sitio elegido, junto a una instalación militar, el que la gente podrá escribir mensajes con plumones, etc.) la idea ha sido rechazada categóricamente como “monumento a la barbarie”, “burla”, “cinismo” y, sobre todo, “justificación”.
Fue la señora Isabel Miranda de Wallace, activista de la lucha contra la delincuencia que el PAN hizo su candidata al Gobierno del Distrito Federal, quien presentó esta propuesta en lo que parecería una “jugada de pizarrón” que pretendía legitimar, por ser solicitud de una “ciudadana”, el dichoso memorial.
Ojalá, eso sí, que a su monumento lo hagan grande, grandotote, para que quede espacio disponible y utilizable en la medida en la que, inevitablemente, las informaciones se vayan haciendo de conocimiento público y se sepa la verdadera dimensión de esta tragedia. Para escribirle a plumón más y más nombres. Oficialmente, el gobierno mexicano reconoce 50 mil homicidios vinculados a la guerra contra la delincuencia organizada, pero el señor Leon Panetta, Secretario de Defensa del Gobierno de Estados Unidos, haciendo referencia a fuentes oficiales mexicanas, dijo que van 150 mil muertos violentamente en estos seis años, aunque rápido le desmintieron.
Se habla de diez mil desaparecidos, pero hay declaraciones de activistas y expertos que duplican y hasta triplican esta cifra. Independientemente de que la diferencia entre desaparecido y muerto es sutil, la pregunta obligada es qué se hace para encontrarlos. Una de las cifras menos cuestionadas es la de personas a las que la guerra contra la delincuencia organizada ha desplazado: no menos de 300 mil en el sexenio. Y faltan los municipios de alto riesgo --se estima que son 150--, los servidores públicos inhabilitados y procesados. Y la víctimas del “daño colateral” que nada justifica. Y el número de empresas cerradas --más de 8 mil sólo en Chihuahua-- y de empleos perdidos. ¿Cuánto nos costó la guerra de Calderón?
Este Gobierno concluye con un baile. Con un doloroso baile de cifras. Y con un monumento a los muertos.
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