*Los generales, en Almoloya
*80 días para hallar “pruebas”
Tuvieron que transcurrir 80 días de arraigo para que la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada de la PGR hallara muy discutibles y endebles “pruebas” para lograr que un juez federal girara órdenes de aprehensión contra los generales Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional al inicio de este sexenio y de sus colegas Roberto Dawe González y Ricardo Escorcia Vargas, quienes de inmediato fueron trasladados al penal de alta seguridad de El Altiplano, en medio de un espectacular dispositivo militar, peor que si se tratara de verdaderos capos del narcotráfico.La lentitud en la búsqueda de esas “pruebas” contrastó con la celeridad que se actuó para que los tres militares de alto rango fueran encarcelados en la prisión ubicada en el municipio mexiquense de Almoloya de Juárez y se les iniciara proceso penal durante el cual sus abogados y familiares confían en que podrán demostrar que el delito de delincuencia organizada que se les imputa, carece de sustento habida cuenta de que la acusación proviene de “testigos protegidos” que suelen ser utilizados para que declaren lo que se les ordena bajo ofrecimiento de que el tiempo de las condenas que le fueron impuestas, se les reducirá para que puedan recobrar su libertad.
La consignación de los tres militares y de otros de menor rango, involucrados también por acusaciones de esos mismos “testigos protegidos” que los vinculan a los cárteles de la droga, ciertamente era esperada porque tras dos arraigos consecutivos de 40 días cada uno -como muestra de que no se encontraban las pruebas suficientes para que se ordenara su aprehensión- se buscó evitar la repetición de casos como el “michoacanzo” o el “hankazo”.
En el primero de esos casos, los acusados fueron funcionarios estatales, legisladores locales y presidente municipales del PRD y del PRI de Michoacán y, en el segundo, Jorge Hank Rhon, ex alcalde de Tijuana y empresario mexiquense con más de 20 años de residir en esa población fronteriza, aprehendido por un piquete de soldados que irrumpió una madrugada en su domicilio y detenido, unos por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y, otro, por supuesto acopio de armas y trasladados a las instalaciones de la SIEDO, en medio de espectaculares dispositivos policíaco-militares, similar al que hubo para llevar ayer a los generales de El Altiplano.
Los entonces funcionarios del gobierno michoacano y legisladores y ediles de ese estado, gobernado en ese tiempo por el perredista Leonel Godoy, hoy senador, fueron arraigados durante dos meses y después consignados, con “pruebas” como las utilizadas ahora contra los generales, permanecieron un año en prisión hasta que, una vez demostrada su inocencia, lograron recobrar su libertad. Mejor le fue a Hank Rhon, quien en menos de dos semanas, fue trasladado de Tijuana a la ciudad de México y regresados a esa población, en donde fue puesto en libertad.En ambos casos, amén de otros menos sonados, el papelazo de la SIEDO fue mayúsculo y le motivó severas críticas a su titular en aquella época, Marisela Morales, la hoy flamante procuradora general de la República, quien nuevamente enfrenta cuestionamientos de parte de los defensores y familiares de los generales.
El abogado del ex subsecretario de la Defensa Nacional, Ricardo Sánchez Reyes-Retana, tras censurar a la PGR por haberle negado a su cliente el derecho a una adecuada defensa, lo que propició que un juez federal aceptara ordenar su aprehensión, declaró que el general Ángeles Dauahare está confiado en que podrá demostrar jurídicamente la falsedad de las acusaciones que se le hacen porque “pasó a un órgano de justicia imparcial y respetado como es el Poder Judicial de la Federación”.
También la esposa del reconocido ex director del H. Colegio Militar, Leticia Zepeda, calificó de injusticia que se haya ordenado su encarcelamiento sin fundamento y sólo por declaraciones “de oídas” y aseguró que él saldrá libre y con la frente en alto porque “no debe nada” y que la gente que lo acusa sabe que “esto es una infamia y una cobardía”.
Por ello no es remoto que al “michoacanazo” y al “hankazo” se sume ahora el caso de los generales del Ejército, señalados por “testigos protegidos”, como en aquellos casos, de tener ligas con cárteles de la droga que ellos han rechazado de manera rotunda.
Esto es, a querer o no, la politización de la justicia, lo que en este sexenio ha venido siendo práctica común.
De esto y de aquello…
Bastó que Soriana responsabilizara a Andrés Manuel López Obrador, al senador Ricardo Monreal, quien fuera su coordinador general de campaña y a Jesús Zambrano, presidente del PRD, de ser los autores intelectuales de los atentados a las tiendas de esa cadena, para que de inmediato intentaran deslindarse de esa grave imputación… El ex candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista y el dirigente del sol azteca tacharon de “infundadas”, “falsas”, “calumniosas” y de “montaje perverso” las acusaciones de los directivos de esa empresa… Al mismo tiempo, el coordinador de los diputados del PRI, Francisco Rojas, se sumó a ellas, dijo que son fundadas y que López Obrador ha asumido tal actitud por haber perdido la elección del pasado 1 de julio, que “puede provocar un problema social de magnitudes importantes”… Soriana, sin embargo, no solamente reiteró sus acusaciones sino que aseguró poseer videograbaciones y registro de “por lo menos 180 manifestaciones en las que gente afín a los partidos del Movimiento Progresista ha participado en actos vandálicos en perjuicio de nuestras tiendas”… Ello porque el derrotado ex candidato ha insistido en acusar a esa empresa de haber repartidos miles de tarjetas para la “compra de millones de votos” para quien fue su opositor y vencedor en la contienda, el priísta Enrique Peña Nieto… Y agregó que “en ese mismo sentido, señalamos en forma particular a los señores Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Monreal y Jesús Zambrano como responsables de todos los daños físicos y materiales que tanto nuestro personal como nuestras instalaciones pudieran sufrir en la ejecución de las manifestaciones que promueven e incitan, mismas que lamentablemente han intensificado su agresividad y violencia”… Además, Soriana exigió a esos perredistas que “frenen las difamaciones y publicidad en contra de nuestra compañía, misma que afecta nuestra imagen, utilizando mentiras y argumentos sin sustento”… Agregó que las acusaciones que aquellos han hecho sobre un presunto vínculo de la misma con el PRI, “sin presentar pruebas fehacientes”, ha generado una animadversión hacia su personal y operación…
Y como para darle la razón a Soriana y rechazar el intento de López Obrador y Zambrano de deslindarse de esos hechos, el ex candidato del PRD a presidente municipal del poblado mexiquense San Vicente Chicolapan, próximo a Chimalhuacán, encabezó una protesta contra una tienda de esa cadena, ayer a mediodía… Acompañado de Eduardo Rosales, Francisco León Cortés y José Pineda, el ex contendiente perredista, Gerardo Cervantes, encabezó la movilización para impedir que unos 300 compradores y empleados pudieran salir de ese establecimiento… Durante la protesta, éste vociferó que por esa supuesta “compra de votos” con tarjetas de Soriana, su adversario priísta, Andrés Aguirre, le ganó la elección, tras 12 años de que la alcaldía de San Vicente Chicoloapan, estuviera en poder del sol azteca… Por otra parte, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Luna Ramos rechazó, por improcedente, la solicitud del Movimiento Progresista para que acelere el resultados de las investigaciones de los gastos de campaña de Enrique Peña Nieto y ordene un proceso extraordinario de fiscalización… Recordó que esa atribución corresponde al Consejo General del IFE y que atender la petición de los partidos de izquierda sería invadir el ámbito de competencia de ese organismo y en apoyo a Luna Ramos, el también magistrado del Tribunal, Salvador Nava Gomar, miembro de la comisión especial que elaborará el dictamen de calificación de la elección presidencial, declaró que la solicitud del Movimiento Progresista es inaceptable porque no está prevista en la legislación electoral… Como bomba cayó en el sistema bancario esa orden de aprehensión girada por un juez federal contra el director general y presidente del Consejo de BBVA-Bancomer, Ignacio Deschamps, por incumplir la sentencia para cancelar cargos por poco más de 10 mil pesos aplicados indebidamente a la tarjeta de una clienta… El arresto del que fuera presidente de la Asociación Mexicana de Bancos es por 36 horas en la cárcel de El Torito, al que son llevados los conductores con aliento alcohólico, pero Deschamps González obtuvo un amparo para evitarlo… La clienta, Ofelia Bautista Magos, presentó la demanda contra el titular del principal grupo financiero del país desde marzo pasado porque indebidamente se le cobraron cargos por 10 mil 353 pesos, no obstante que ella había reportado el robo de su tarjeta… Sigue la violencia en Chihuahua y ahora fue el coordinador de Grupos Especiales de la Policía Municipal de la capital de ese estado, Félix Remedios Olivas, al que varios hombres armados que iban a bordo de una camioneta, lo abatieron con rifles de alto poder cuando salía de su casa…www.pulsopolitico.com.mx
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