CAMALEON Por: Alfredo Bielma Villanueva

Cuenta Pública e impunidad

Sáb, 17/09/2011

Como una historia de impunidad recurrente pudiéramos calificar el caso del ex alcalde de Tuxpan recientemente aprehendido y casi con la velocidad de un rayo puesto en libertad. Este expediente contrasta con el de los famosos twitteros cuya estancia en prisión se alarga, a pesar de la aparente generosidad del gobierno veracruzano, pues aún permanecerán a la espera de que el Congreso apruebe la iniciativa del gobernador para cambiar la ley suavizando la pena y de esta manera puedan salir bajo fianza. Mientras, aquél pájaro de cuentas ya voló, entintando todo lo que en adelante se pueda decir acerca de los estropicios que revele la revisión de la cuenta pública tuxpeña de 2010 porque ya no habrá a quien echarle mano.

La virtual exoneración también ha afectado al discurso oficial respecto de la presumida firmeza para conseguir la transparencia en los asuntos públicos buscando el fin de la impunidad, porque lo acontecido con el ex presidente municipal de Tuxpan y las omisiones en la aplicación de la ley para otros ex alcaldes que incurrieron en malversación de fondos públicos hacen irrelevante cualquier afirmación en ese sentido.

Para colmo, el contralor del estado, que se declara férreo partidario de la administración honesta del recurso público, ha manifestado en el asunto de los tractores -que según informes de gobierno fueron entregados 10 mil 116 tractores y en los hechos solo se comprueban mil 878 unidades- que no habrá investigación alguna, salvo que se presente alguna denuncia sobre el particular.

Cualquiera con un ápice de conocimiento de la función pública podría cuestionar acerca de si no es suficiente que se haya detectado una irregularidad (eufemismo por mentira) en lo informado oficialmente por un gobernador ante el Congreso local para iniciar de oficio la investigación, más aún cuando la diferencia es de ocho mil 238 tractores, mismos que tuvieron un precio y que por lo tanto configuran un gasto público. Esa es una de las obligaciones de la contraloría, vigilar y evaluar el gasto público o, mínimo, requerirle a quien le antecedió en el cargo las razones por las que no advirtió en su momento la simulación que ahora se ha descubierto. Está por demás agregar que en esto también debería tomar su parte el Congreso, porque la revisión o glosa de los informes de gobierno forman parte importante de su función republicana y lo descubierto revela una evidente falta de cuidado al no comprobar la veracidad de lo que se le entrega.

Todo se agrega a la sospechosa impunidad siempre al descubierto. El 13 de febrero del presente año se publicó que Tuxpan era uno de los municipios en los que se había detectado daño patrimonial por 24.5 millones de pesos, en la cuenta pública del 2009. Para entonces ya se había dado a conocer que el Orfis contaba con elementos para considerar daño patrimonial en 151 ayuntamientos de Veracruz, pero que la Comisión de Vigilancia del Congreso se aprestaba para revisar las cuentas de 123 municipios. Ya corrían rumores sobre un acuerdo entre los diversos partidos para “salvar” a determinados ex alcaldes, a cambio de aprobar sin observaciones la Cuenta Pública del gobierno de Fidel Herrera correspondiente a 2009. Cierto o no esto último, lo real es que entre los “salvados” figuran ayuntamientos como el de Alvarado al que le atribuían un daño patrimonial por 15 millones de pesos, de los cuales la actual alcaldesa pena por que se los aparezcan, confirmando que solo el que carga el bulto sabe lo que éste pesa. Después del menjurje del supuesto acuerdo solo quedaron leves observaciones referentes a inconsistencias administrativas, como fue también el caso de Boca del Río, por ejemplo.

Así, 28 ex ediles la libraron, después de estar incluidos en la lista del Orfis tal y como constaba en la página web de este organismo. La suma del dinero escamoteado es de 120 millones de pesos, mismos que debieran agregarse a los 987 millones que representaba el daño patrimonial de los 123 que sí fueron enlistados por el Congreso local.

La suma original revisada por el ORFIS ascendía a un presunto daño de mil 98 millones 528 mil 175 pesos. Sin embargo, se sustrajeron de la acción 28 municipios entre los que destacan los de mayor número de irregularidades que suman cantidades millonarias, por cierto gobernados por ayuntamientos de los dos partidos más fuertes en la entidad. En primer lugar está Boca del Río, del PAN, con 47.3 millones de pesos, seguido por Coyutla (PRI) 16 millones 33 mil 23 pesos; Alvarado (PAN) 15 millones 668 mil 675 pesos y Ozuluama (PAN) con 11 millones 270 mil 578. Gutiérrez Zamora, del PRI, con 10.6 millones de pesos, etc.

¿En dónde quedaron los expedientes de Minatitlán, de Agua Dulce, de las Choapas y de Córdoba, en los que se requería la comprobación de: 38 millones 630 mil pesos; 36 millones 926 mil; 54.5 millones y 29 millones? Respectivamente, solo para la cuenta pública de 2009. (¡Albricias! tampoco hay que ser tan exigentes, acaban de detener al ex alcalde de Las Minas).

Seguramente los resultados de la revisión de la Cuenta Pública municipal de 2010 arrojará igualmente cifras de escándalo pero, cual sea el caso, la ciudadanía ya se ha formado una opinión sobre este particular, de que “todos se tapan con la misma cobija”. Todo se abona al tradicional estigma de la impunidad. Lo del ex alcalde tuxpeño podrá pasar pronto al olvido, debido a la profusa generación de malas noticias que cotidianamente se producen, pero la agenda pública esta saturada de casos decepcionantes. Si el propósito es imponer orden para alcanzar el progreso  y conseguir verdaderos cambios de conducta en el servicio público, en ocasiones se hace necesario un “manotazo” sobre el escritorio. ¿Hasta cuando?