25/09/2011
Orden y Progreso, fue la divisa emblemática del positivismo en boga durante la segunda mitad del siglo XIX, acogida en toda su extensión en México por el régimen autoritario, dictatorial, de Porfirio Díaz. Con esa base ideológica toda discrepancia oposicionista fue acallada con violencia, llevada al extremo contra los Yaquis, los Mayos y los indígenas Mayas particularmente, y contra todos aquellos que se manifestaran en contra del poder del gobierno. “Mátalos en caliente” fue el estigma sangriento que desde 1879 cargó la dictadura porfiriana, documentado en el telegrama enviado al gobernador veracruzano Luís Mier y Terán para consumar la masacre de oposicionistas leales a Lerdo.
En ese marco de acción gubernamental se desarrolló la dictadura de Porfirio Díaz, al que no pocos desconocedores de las cruentas órdenes del presidente enjabonan para difundir que durante su férreo mandato hubo paz y progreso, terminando con las asonadas y recurrentes levantamientos armados. La “Paz Sepulcral” le llamaron los oposicionistas a aquel impasse histórico de 30 años que con extrema crudeza nos describe el “México Bárbaro”, de Kenneth Turner y que se atenúa en la “Sucesión Presidencial” de Madero, sus lecturas servirían para bien ilustrar a quienes anima la admiración hacia el dictador oaxaqueño.
No pocos ejemplos hay para demostrar la tentación de algunos gobiernos y gobernantes por poner orden en sus respectivas ínsulas territoriales. En algunos casos el fenómeno se explica porque las circunstancias en que despliegan su autoridad provienen de un pasado populista que, como suele ocurrir, relaja cualquier relación entre el gobernado y la autoridad, debido a las inevitables complacencias del pasado en pos de conseguir “popularidad” y propósitos personales y de grupo. Para la población no es fácil el tránsito entre un gobierno que le proporciona poco pan y mucho circo, y alguna canonjía monetaria, a otro que pretende imprimir orden, seriedad y sentido a las acciones de gobierno.
En esa muy delgada línea imaginaria por la que transitan algunos gobernantes se corre el riesgo de caer en el autoritarismo, más aún cuando es prioritario poner de pie lo que estaba de cabeza y en el entorno bulle aún la actividad de los favorecidos por el populismo que los privilegió y pretenden como por inercia seguir usufructuando de las mieles del erario.
Ante esta tesitura política, todo gobernante que anhele el cambio del discurso trivial a la sustancia de los programas sociales debe permanecer vigilante de sus propias acciones y la de sus colaboradores, prioritariamente de aquellos cuya función tiene que ver con la aplicación de la Ley y la conservación del orden pues su implementación toca las fibras más sensibles de la sociedad.
En este orden de ideas viene a colación el caso que acabamos de experimentar en Veracruz, en donde el gobierno estatal se vio obligado a dar marcha atrás en una medida que desde sus orígenes exudaba claras facetas de autoritarismo, que lo exhibieron internacionalmente en ese jaez. La retorcida a la ley que en apariencia serviría para favorecer a los ya afamados tuiteros (reveló adicionalmente la reiterada muestra de la inexistente división de poderes, debido a que el legislativo local parece estar solo al servicio del ejecutivo), no ayudó ni perjudicó a los recluidos, y sí en cambio sirvió de pretexto para ataviar el desistimiento de la procuraduría respecto de la acusación de terrorismo que originalmente les fue imputado y que a la vista de los expertos en derecho no tenía un futuro jurídico favorable.
El famoso economista y diplomático canadiense John Kenneth Galbraith, que conoció muy de cerca los resortes del poder, escribió en su novela “El Triunfo”: “El poder es simplemente cuestión de castigo y recompensa. Los hombres pagan a otros hombres para que acepten su voluntad, o los castigan por no haberla aceptado. Hay fuentes de poder y es un hecho notable que cuando la capacidad de recompensar desaparece, la de castigar también desaparece con ella…”
Damos por supuesto que esta descarnada apreciación sobre el poder no corresponde a nuestra actual realidad, pero dice mucha verdad de las bases en las que se apoya el poder. No se olvide que venimos de un muy especial estilo de usar el poder en base a estímulos y recompensas, muy al margen de programas con propósitos sociales. Si a esto agregamos que en Veracruz estamos inmersos en un escenario de acentuada inseguridad y violencia, de carencias e inequidades sociales aunadas a ancestrales rezagos ya podremos formular un diagnóstico que dilucide nuestra realidad.
Todavía más, ya lo hemos comentado en esta columna, que se recuerde ningún otro gobernador previo a Javier Duarte ha enfrentado un contexto social, económico, financiero y político tan complicado: múltiples rezagos sociales emparejados con inseguridad pública, crisis económica globalizada, financieramente atribulado por una pesada deuda pública y con arcas exhaustas debido al desbarajuste heredado, y un inminente proceso electoral de pronóstico reservado. Si el equipo de gobierno está a la altura para enfrentar estas circunstancias el gobernador ya habrá tenido oportunidad para evaluar su medida, la ciudadanía tiene su propia percepción. Lo cierto es que Duarte de Ochoa requerirá echar mano de toda la pericia y el aprendizaje adquiridos de manera intensiva. Requiere también tirar el lastre que lo retrae para conseguir de la manera más tersa y de acuerdo a las circunstancias el orden y el progreso que Veracruz y los veracruzanos urgentemente necesitamos.
Se sabe que es muy difícil conseguir de manera inmediata el grado de autenticidad deseable en actores políticos, veteranos y jóvenes aculturados en viejas y viciadas prácticas, pero es indudable que ni este país ni Veracruz resisten más las actitudes de simulación y engaño que adoptan sus políticos, peor aún cuando van acompañadas de la inevitable tendencia a enriquecerse en el cargo público. Si la impunidad prevalece, por lo menos debe intentarse el esfuerzo por evitar repetir la reciente mala experiencia que en esta aldea se vivió. Entonces solo quizás podamos decir que la caja negra de la opacidad ha quedado en el elocuente pasado y que ahora construimos la caja de cristal, que podrá transparentar las acciones de gobierno. ¿En utopía? Se vale soñar.
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