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jueves, 22 de septiembre de 2011

El Baldón: La Reforma Penal vs redes sociales Por: José Miguel Cobián Elías

miércoles, septiembre 21, 2011


El Baldón: La Reforma Penal vs redes sociales
 
     La reforma recién aprobada del código penal del estado que tanto escozor ha causado en las redes sociales, es la que adiciona el siguiente párrafo al artículo 373 del Código Penal del Estado, creando la figura del delito por perturbación del orden público: ¨Se castigará hasta con cuatro años de cárcel a quien por cualquier medio afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros, de ataques con armas de fuego, de sustancias químicas biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, siempre que su conducta genere una perturbación en el orden público¨.
     Quienes han estado en contra de esta ley afirman que no es correcto castigar a alguien por difundir rumores falsos, e incluso defienden el derecho de comentar cualquier cosa por las redes sociales, aún cuando quien las comente altere con su conducta el orden público, si por miedo afirmó algo que no es verdad.
     Creo que la discusión es tonta y bizantina, y sobre todo, que la mayoría de los twitteros no han leído lo que se aprobó, y se han dejado llevar por su antigobiernismo y por la propaganda en contra de dicha ley del gobernador Duarte.
     Los que hemos vivido los efectos de los rumores, la paralización de la actividad económica, y la angustia de madres y padres que acuden a centros de estudios a recoger a sus retoños ante una amenaza ficticia manejada mediante el rumor ya sea en persona o en las redes sociales, sabemos que quien esparce rumores y mentiras hace un daño a la sociedad.
     Como mexicanos sabemos también que urge en este país una cultura de la verdad, pues en todos los ámbitos se miente sin el menor recato e incluso sin la desaprobación social. Mentir es una costumbre vista como normal por la ciudadanía en general, aunque dichas mentiras pongan en riesgo a personas y sus bienes.
     La propuesta de ley puede tener sus errores, aunque no le veo problema en lo personal, pero está tratando de defender a la sociedad de personas que puedan utilizar la mentira con afán de notoriedad o como un medio para distraer la atención pública e incluso desviar esfuerzos de protección de gobierno, con el fin de obtener algún tipo de beneficio.
    El artículo modificado establece dos requisitos para que alguien pueda ser acusado de cometer ese delito, y si no se dan los dos requisitos conjuntamente no se podrá acusar a nadie. El primer requisito es que alguien transmita un rumor falso y el segundo requisito es que ese rumor cause un problema de perturbación en la paz pública.
     Si alguien dice la verdad, y al decirla altera la paz pública no hay delito. Si alguien dice una mentira y nadie le cree, y no se perturba la paz pública, tampoco hay delito. El delito se configura generando una mentira que altere la paz pública.   Y hay también un tercer candado, la mentira se debe referir a la existencia o uso de artefactos explosivos, uso de armas de fuego, o uso de armas biológicas o bacteriológicas. Si no se cumple ese requisito, entonces tampoco se incurre en el delito.
     Un error claro en la redacción del artículo es que no cubre la posibilidad de que alguien con un avieso interés, afirme en redes sociales o en cualquier otro medio, que en una escuela se está llevando a cabo un secuestro masivo de alumnos. Allí se cumple el requisito de que se está mintiendo, también se cumple el requisito de que se perturba la paz pública, pero no se cumple ningún otro supuesto que debe de existir para que se tipifique el delito.
     En lo personal considero que la decisión de actuar contra quienes generaron los rumores en días pasados en el puerto de Veracruz fue correcta. Incorrecto el modo de realizar la investigación y el de integrar la averiguación previa, incorrecto el negar el auto de libertad e iniciar el proceso. Correcta la liberación ordenada por el propio gobernador al desistirse el ministerio público de su querella.  Correcta la modificación al código penal del estado, pues no podemos permitir que ciudades enteras, como ya sucedió también en la zona de Córdoba-Orizaba, se paralicen y entren en pánico gracias a una muy bien orquestada campaña de rumores.

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