sabado 9/04/2011
Por: Alfredo Bielma Villanueva
De las notas periodísticas de la semana que concluye destaca la que avisa que ahora sí se procederá contra quienes trastornen el tráfico vehicular al tomar carreteras y bloquear calles citadinas; la orden la atribuyen al gobernador veracruzano quizás para robustecer el formato de que hay mano firme en la conducción del gobierno. La idea no es mala, pero habrá que poner en duda que se lleve a la práctica, no por ausencia de voluntad en la cadena de mandos sino porque su planteamiento ha sido reiterativo y todo ha quedado en el camino, aunque siempre hay una primera vez. La duda tiene sus raíces en el convencimiento de que quien regula el buen funcionamiento de una sociedad es el Estado y este lo ejecuta a través del gobierno y si, en primera y última instancia a este le corresponde la solución de los problemas, en la medida en que no cumpla su cometido habrá protestas públicas que alteren el orden, afectando a miles de ciudadanos que ni la deben ni la temen. En términos de filosofía política se diría que existe una correlación entre la protesta pública y las acciones u omisiones de los gobiernos.
En esa lógica sería obvio que no es por el lado de la mano dura como se van a resolver los problemas, pues en ese contexto tiene que ver y mucho la disposición de los responsables de atender a grupos políticos y sociales.
Las razones del porqué quienes protestan adoptan actitudes drásticas son de variado origen; el más común radica en que si usted tiene que acudir para plantear alguna petición a cualquier dependencia gubernamental se encontrará con una extraordinaria maraña burocrática que, a mas de hacerle perder el tiempo finalmente comprobará que el promedio de asuntos no resueltos- entre ellos el propio- rebasará la media. No hace muchos años hubo un dramático desenlace en el Parque Lerdo cuando, desesperado por no encontrar respuestas a sus peticiones un ciudadano veracruzano se inmoló públicamente; pero antes del desafortunado trance había declarado su cansado peregrinar en oficinas públicas sin obtener respuesta positiva a sus peticiones.
Integran la estructura del gobierno estatal oficinas creadas con la encomienda de involucrarse y de ser posible resolver las diferentes demandas sociales y políticas que se presenten; para su solución o paliativo, según el caso, esas dependencias manejan discrecionalmente un abultado presupuesto. Pero sucede con harta frecuencia que, por ineptitud, por inexperiencia o por desidia (importamadrismo dicen algunos), los encargados de atender las peticiones o inconformidades utilizan la estrategia del convencimiento por cansancio, así, lógicamente los asuntos se van acumulando hasta que hacen crisis. En el lado opuesto, en base a la experiencia de los años, quienes protestan saben que bloqueando carreteras, vías urbanas y manifestándose multitudinariamente encontrarán pronta respuesta a su solicitud.
Ese es un síndrome que nos viene de antaño, desde los tiempos del corporativismo y del clientelismo político, cuando el PRI era hegemónico, cuando desde el gobierno convirtieron en “líderes” a improvisados dirigentes de campesinos, de obreros y empleados con el propósito de controlar y mediatizar las demandas clasistas y de paso aplicar la táctica del manejo partidista y faccioso de los grupos. El gobierno auspiciaba ese control favoreciendo al manipulador de masas con canonjías personales y de grupo extendiéndole títulos agrarios, mejoras en las revisiones contractuales obreras, pavimentando calles a solicitud de líderes de colonias y de invasores de lotes, tolerando al dirigente de ambulantes, de taxistas, etc. Fue un fenómeno que no tuvo un origen espontáneo, pues es creación de una forma populista de gobernar, de muy dudosos atisbos democráticos.
César del Ángel, Orfilio García, son solo algunos casos de manipuladores de grupos que son utilizados por el gobierno a cambio de jugosas contraprestaciones, aunque en no pocas veces logran evadir los controles y exageran sus demandas para sacar más raja de su posición de rentistas, particularmente en tiempos electorales, todo depende de si el gobierno es más o menos fuerte o si es más o menos “generoso” con el dinero del erario que tiene a su disposición. De paso, por ese perverso maridaje creado entre los “operadores” políticos de los diferentes gobiernos estatales y estos vivales de dirigencias espurias surgieron “poderosos” y “hábiles” negociadores que hicieron fama de “excelentes políticos”, cuando no fueron sino simples gestores del contubernio arropados en el manejo discrecional del presupuesto a su alcance.
El caso es que finalmente todo se politiza para llevar agua al molino como normalmente ocurre en cada inicio de gobierno por el ajuste de los grupos a su interior. En el caso del bloqueo realizado por el sindicato independiente de maestros (Sitev) se atribuye la culpa al secretario de educación quien, según dicen, no atendió a los inconformes de manera oportuna. Bien se sabe que Mota, cual ángel caído, no es un santo favorecido en la cúpula gubernamental y al imputarle culpas nada extraño sería que le hayan mandado un mensaje, por cierto nada cifrado. Allá ellos y que entre gitanos se lean la buenaventura, pero de eso ¿Qué culpa tiene la población?
De lo brevemente expuesto se pudiera colegir que será prácticamente imposible evitar nuevos bloqueos y que la aplicación de la ley estará en relación directa y llegará hasta donde lo permitan los márgenes de gobernabilidad y la plasticidad social de nuestros tiempos. Además, terminar con las manifestaciones públicas irá siempre en función de la correlatividad existente entre la eficiencia para atender los problemas y su pronta solución. Sino, no, diría el gallego.
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