CAMALEON

por Alfredo Bielma Villanueva

El tercer Estado

 

 

 

La Ilustración, la Revolución Industrial inglesa y la guerra de Independencia de las trece colonias inglesas en América fueron sin duda alguna las causas eficientes que propiciaron la Revolución Francesa, ese movimiento que convulsionó a Europa, creó al ciudadano y a la vez encumbró políticamente a la burguesía, cuyo poder económico trastocó al viejo régimen para instaurar uno nuevo.

El tránsito de siervo a ciudadano no fue fácil, así lo registra la historia e innumerables testimonios dan fe de ello. La inconformidad que prevalecía al interior de la sociedad francesa la describió, entre otros, justo en los prolegómenos de la paradigmática Revolución de 1789, el abate  Sieyés: “¿Qué es el Estado llano?  Todo. ¿Que ha sido hasta el presente en el orden político? Nada. ¿Qué pide? Llegar a ser algo”. En tiempos de Sieyés se llamaba Estado llano al estamento que integraba la gran masa popular compuesta por comerciantes,  artesanos, campesinos, la servidumbre y en general todos aquellos que rendían tributo al clero y a la nobleza, la clase gobernante de su tiempo.

Se vivía también entonces en un régimen de privilegios en el que los estamentos de la nobleza y el clero acumulaban el poder, mientras el Estado llano, el pueblo lo llamamos ahora, era “un todo trabado y oprimido”. En cambio, decía Sieyés la nobleza “Tiene sus representantes que no están encargados en absoluto por procuración de los pueblos (y…) no es menos verdad que su representación es distinta por esencia y separada. Es ajena a la nación por principio, puesto que consiste en defender no el interés general; sino el particular”.

Vaya coincidencia, en términos actuales parecería que se estuviera refiriendo a la clase política mexicana, por aquello de su evidente divorcio de los intereses de la sociedad. Dos casos pudieran servir para ilustrar la afirmación: Típicamente el asunto de la calle Pico de Orizaba que da acceso a varias unidades habitacionales del rumbo del Indeco-Animas y, colateralmente, la iniciativa de ley que el gobernador del Estado acaba de enviar al Congreso local para ampliar de tres a cuatro años el periodo de la gestión municipal veracruzana.

En el primer caso, hace algunos años una constructora inició los trabajos para la construcción de un Edificio en el terreno ubicado en la esquina de Araucarias y Pico de Orizaba. Por las razones que fueren la obra se suspendió después de hacer excavaciones profundas y dejar al aire las paredes que sostienen parte de la citada calle que, con un intenso tráfico pronto empezó a ceder en la pared que quedó expuesta, lógicamente los derrumbes provocaron el agrietamiento del pavimento hasta que representó un serio peligro para los automovilistas. Entonces protección civil municipal recomendó el cierre de la calle y aparentemente para el ayuntamiento es un caso resuelto porque a partir de allí los vecinos han acudido a diversas instancias, se han firmado minutas y se ofrecen múltiples promesas pero nada se concreta.

¿Qué se requiere para resolver el asunto? ¿Acaso que  ocurra una desgracia y entonces sí actuará la autoridad municipal, que hasta el momento permanece ausente por omisión? Sin duda estamos ante la clásica dualidad de la que siempre se habla para destacar la diferencia que existe entre la conducta de una persona que es candidato a un cargo de elección popular sonriendo, abrazando y hasta besando a cuanto se acerque y la actitud de rechazo, perdonavidas y de retraimiento que adopta la misma persona una vez encumbrada en el cargo por decisión ciudadana. Suele suceder que por soberbia o inexperiencia y hasta por ineptitud, o todas juntas, no se alcanza a dimensionar las proporciones de una justa demanda ciudadana.

El otro tema se refiere a la iniciativa del gobernador Duarte para ampliar a cuatro años el periodo de los ayuntamientos veracruzanos. La cuestión es de verdadera trascendencia, a tal grado que sería conveniente que antes de ponerla a votación, los legisladores debieran normar su criterio consultando al interior de la sociedad veracruzana a los expertos en la materia, porque es perceptible que entre ellos no abundan quienes tengan verdadera noción respecto de lo que votarán.

Ya hemos escuchado voces de legisladores pronunciándose a favor de la iniciativa, están en su derecho; pero son opiniones tan maleables que si el gobernador se pronunciara por ratificar el periodo actual de tres años, de inmediato legisladores de su partido, quizás hasta los mismos que ahora dicen estar de acuerdo con la prorroga propuesta, manifestarían concordancia con el ejecutivo estatal; esa elasticidad de criterio borra cualquier beneficio de la duda.

Una ex alcaldesa se pronunció por el periodo de cuatro años invocando su experiencia como edil en el periodo de 2000 a 2004. Su caso es útil para el análisis porque se supone que tuvo oportunidad para demostrar con obras lo positivo de una gestión de cuatro años. Constata que alabanza en boca propia es vituperio, porque finalmente quien tiene la última palabra para calificar es la ciudadanía, y en este caso el electorado no le refrendó la confianza cuando aspiró de nuevo a gobernar su municipio. Luego entonces, sería conveniente ventilar a la luz de las experiencias ciudadanas esta reforma y semblantear a la vez la posibilidad de acompañarla con figuras como la reelección y/o la revocación de mandato, con todos y sus bemoles. Lo anterior proviene de una teoría política de la tradición anglosajona en base a lo que el filósofo John Locke (1632-1704) enseñó: “que los gobiernos pueden gobernar sólo con el consentimiento de los gobernados; que cualquier gobierno puede ser disuelto cuando deja de proteger los derechos del pueblo”.

La extensión a cuatro años tiene muchas implicaciones más: el gobernador Alemán Velasco, con el propósito de ahorrar dinero y esfuerzos, decretó elecciones simultáneas para gobernador, legisladores locales y alcaldes. Para concretar la idea, eventualmente se tuvo que reducir a dos años el periodo para una Legislatura y aumentar a cuatro años, también ocasionalmente, un periodo para ayuntamientos entre 2000 y 2004 de tal manera que en la elección de cambio de gobierno en 2004 coincidieran con las de gobernador.

De aquel periodo de cuatro años para ayuntamientos no existen constancias valederas que fundamenten que las gestiones municipales fueron mejor de cuatro años que las de tres. Ahora se intenta extender a cuatro años el periodo de gobierno municipal con el argumento de que tres años no alcanzan para implementar planes y programas municipales, ¿no sería conveniente escuchar a la ciudadanía? Después de todo, ésta es la que supuestamente elige y mandata a sus gobernantes. Al menos, eso dicen el librito y el libreto.

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