Mayo 26, 2011
Francisco Cárdenas Cruz
Felipe Calderón
Arguyó el mandatario que el presidente de la mesa directiva de ese órgano legislativo, Jorge Carlos Marín, no obtuvo la aprobación de la mayoría del pleno para recurrir a la controversia, pero los ministros de la Segunda Sala del alto tribunal reconocieron que aun cuando no anexó pruebas del acuerdo de los diputados, esa no es razón para acreditar que no la hubiese obtenido ya que en principio, como representante legal de la Cámara, aquel “tiene una presunción a su favor que debe ser fehacientemente desvirtuada”, lo que no ocurrió.
En la acción de inconstitucionalidad que presentó la Cámara Baja el 7 de marzo pasado, los diputados señalan que el Ejecutivo Federal se extralimitó en sus facultades al crear esa cédula de identidad sin la aprobación del Poder Legislativo, por lo que solicitó invalidar el decreto que firmó ya que ejerció facultades que corresponden a éste.
Sostienen también los legisladores que para la expedición de ese documento se pretende obtener información personal de los ciudadanos, como domicilio, firma, huellas dactilares e imagen del iris, lo que en el caso de éste último, excede lo que al respecto establece la Ley General de Población, que no la contempla como requisito de identificación.
En la resolución con la que desecharon el recurso de reclamación del titular del Ejecutivo Federal, los ministros de la Segunda Sala reconocen que la causal de improcedencia que alega sí puede ser desvirtuada con las pruebas que en su caso exhiba durante la secuela del procedimiento, pero que esa no es razón suficiente para acreditar que el presidente de la mesa directiva en San Lázaro no hubiese obtenido la mayoría del pleno para interponer la controversia.
La expedición de la cédula de identidad para menores fue una instrucción que el presidente Calderón dió a la Secretaría de Gobernación para que se llevara a cabo, después de que no logró sacar adelante la de identidad ciudadana mediante un decreto que firmó y se publicó el 18 de enero pasado en el Diario Oficial de la Federación que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General de Población y que debió entrar en vigor al día siguiente, lo que motivó tal rechazo en ambas Cámaras del Congreso de la Unión y en Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el IFE, que quedó aplazado.
Jorge Carlos Ramírez Marín
Esa actitud autoritaria de ignorar al Congreso de la Unión, que parece manía de los presidentes de la República surgidos del PAN, le motivó entonces severas críticas de parte del presidente del Senado, Manlio Fabio Beltrones y de los titulares de los dos organismos electorales.
Lo menos que el priísta sonorense le dijo es que “Calderón prefiere gobernar con decretos que con leyes” y lo acusó de haber engañado a legisladores y consejeros del IFE y del IFAI, por haberlos convocado a un diálogo que resultó una farsa. Y María del Carmen Alanís, presidenta del TEPJF, le demandó aclarar si con la emisión de la CIC se eliminará la credencial del IFE, a partir de las funciones que aquella tendría y si la de elector con fotografía se nulificaría.
La insistencia presidencial en esas cédulas de identidad, ciudadana o para menores, no obstante existir la del IFE y la del CURP, llevó a legisladores de oposición a denunciar que al parecer se trata de un negocio más para beneficio de quien recibirá los varios miles de millones de pesos que costaría la expedición de aquellas.
A pesar de ello y de que como lo señalara Beltrones, el Ejecutivo Federal prefiere gobernar con decretos que con leyes, en el caso de esos documentos no ha cejado en ello, como lo demostró al presentar un recurso de reclamo ante la controversia constitucional interpuesto por la Cámara de Diputados ante la Suprema Corte que ayer le fue desechado.
Lo que extraña es que quien el 1 de diciembre de 2006 protestó en aquella agitada sesión de instalación del Congreso de la Unión cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, pase por alto éstas y opte por firmar decretos para gobernar.
De esto y de aquello…Igual que ocurriera a principios de este mes, a unos días de que el escritor y poeta Javier Sicilia encabezara la marcha de la paz de Cuernavaca a la ciudad de México, la Policía Federal presentó a otros presuntos responsables de las ejecuciones de su hijo, Juan Francisco, y de otros seis jóvenes, ocurrida el 27 de marzo pasado… En esta que fue la tercera presentación de quienes real o supuestamente ordenaron y participaron en esa matanza, se trata de Julio de Jesús Radilla Hernández, “El Negro” y de dos de sus cómplices: José Luis Luquín Delgado y Valentín Ortíz López… Al primero lo mencionan como jefe de sicarios del cártel del Pacífico Sur, capturado en Coatzacoalcos, Veracruz, a donde fue a refugiarse, según la información oficial que se diera ayer durante su presentación… De acuerdo a esa versión, al verse acorralado por agentes federales en la casa de seguridad en la que se ocultaba en aquel municipio, Radilla Hernández “intentó suicidarse” y después trató de enfrentarse a ellos, por lo que fue sometido… De inmediato y seguramente con la duda de que ese individuo haya sido el autor intelectual de la muerte de su hijo, Sicilia solicitó, dentro del marco de la ley, tener un encuentro con él… Como se ha anunciado, el padre de Juan Francisco Sicilia Ortega, secuestrado junto con su media docena de acompañantes en un bar de Cuernavaca, fue asfixiado junto con ellos por sicarios del narcotráfico que introdujeron los cuerpos en un auto compacto que abandonaron en el municipio de Temixco, iniciará una segunda marcha por la paz el próximo 4 de junio de la capital de Morelos a Ciudad Juárez… Antes de la presentación de ayer, otros presuntos culpables de la matanza de esos jóvenes fueron detenido como tales: el primero fue Rodrigo Elizalde Morán, “El Chemisse”, al que después de que sus propios compañeros le dieron una tunda, lo entregaron a elementos del Ejército…
José Angel Gurria
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