Francisco Cárdenas Cruz
Roberto Sandoval
Lo ocurrido en las últimas horas en Tabasco, Nuevo León, Nayarit y Durango, vuelve a ser una muestra de ello, amén de la detención de dos trailers repletos de indocumentados extranjeros, 513 en total, entre los que iban 32 mujeres y cuatro menores, que desde Chiapas se dirigían a la frontera con Estados Unidos y que pagaron alrededor de siete mil dólares a la banda de polleros-narcos que han convertido esa actividad en otro de sus jugosos negocios, como lo son las extorsiones, secuestros y cobros de derecho de piso y de paso en municipios de entidades no sólo fronterizas sino de muchos del centro y sur del territorio nacional.
En Cárdenas, Tabasco, un grupo de 15 hombres armados irrumpió en un taller mecánico ubicado en la periferia de ese municipio, en donde ejecutó a ocho personas y una más murió tras ser hospitalizada, al tiempo que un policía municipal fue muerto en el edificio de una plaza comercial en esa misma población.
En Monterrey se reportó el hallazgo en una población de Tamaulipas del cuerpo calcinado del ex presidente municipal de Hidalgo, Nuevo León, Fernando Duarte, quien había desaparecido desde hace dos semanas, mientras que el secretario del ayuntamiento del municipio de Linares, fue rescatado en un operativo de efectivos de la Armada.
En Tepic, José Antonio Rodríguez Salazar, escolta del candidato del PRI a gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, fue ejecutado por un grupo armado que irrumpió en su domicilio particular.
Y anoche, en Durango, esa nueva masacre en el interior del penal de la capital de ese estado en el que ocho internos resultaron muertos y seis más heridos, en la enésima disputa por el control de la distribución de droga.
Al mismo tiempo, José Eduardo Correa, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, denunció que en Tamaulipas, Nuevo León y Durango, y en Ciudad Juárez, centenares de constructoras decidieron emigrar a otras entidades del centro de la República, por las extorsiones, amenazas y cobros de parte de sicarios de los cárteles de la droga por “derecho de paso” a las obras que realizaban en esas entidades.
Todo eso contrasta con el discurso oficial de que las fuerzas de seguridad han “debilitado” a los grupos criminales y “rescatado” los espacios de los que se habían apoderado, ya que el número de éstos que controlan es cada vez mayor, no sólo en entidades fronterizas sino también en otras muy distantes de esa zona.
La situación que priva en el territorio nacional es alarmante, por más que se quiera convencer de lo contrario, lo mismo por parte del presidente Felipe Calderón que de los responsables de las áreas de seguridad, como los secretarios de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública y de la titular de la Procuraduría General de la República.
Luis Felipe Bravo Mena
Las cosas han llegado al extremo de que las masacres atribuidas al cártel de Los Zetas trascendieron la frontera sur –que es lo que en Estados Unidos se teme que ocurra algo similar- y en el municipio Libertad del Departamento de Petén, 29 campesinos fueron ejecutados, decapitados y desmembrados, con una brutal saña, que obligó al gobierno de Guatemala a declarar esa zona en estado de sitio.
Ese recrudecimiento de la violencia, a la que se sumó el escandaloso e indignante caso de los indocumentados extranjeros que eran transportados en las plataformas de dos trailers desde Chiapas a la frontera con Estados Unidos, en las que iban hacinados y de pie, en peligro de deshidratación y muerte, confirma lo que de tiempo atrás era sabido: que ese es uno de nuevos y jugosos negocios del crimen organizado y del narcotráfico.
Hasta ahora, las protestas, exigencias y reclamos en marchas y concentraciones, contra la violencia que se ha generalizado en el país, han sido ignoradas. Se ofrecen diálogos que no se concretan y que cuando llegan a darse, se convierten en actos meramente mediáticos de los que en poco o nada se traducen, como no sean ofrecimientos y promesas de que se seguirá actuando contra los grupos criminales “con todo el peso de la ley y la fuerza del Estado”.
Bien reza el dicho de que “de lengua, me come un plato” y millones de mexicanos están indigestos de ella.
De esto y de aquello…La propuesta del PRI y PRD para que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión citara a comparecer al secretario de Gobernación, a la titular de la PGR y al comisionado del Instituto Nacional de Migración, para que expliquen lo que ocurre en los casos de migrantes extranjeros detenidos en los autobuses en los que intentaban llegar a la frontera con Estados Unidos, ejecutados y sepultados clandestinamente, no obstante la urgencia de los mismos, fue turnada a comisiones… Fue el voto en contra de los legisladores del PAN lo que retrasó lo que se planteó como un asunto de urgente y obvia resolución ante lo que ocurre, a pesar del más reciente de esos hechos como la detención de los trailers en que 513 indocumentados extranjeros eran transportados, peor que animales, a una entidad fronteriza con el vecino país del norte… Ese es el resultado del vergonzoso rejuego legislativo del “te doy si me das” en el que han caído los diputados y senadores del blanquiazul ante sus colegas de la oposición, por la exigencia de que se convocara a un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión para deshogar los asuntos que quedaron pendientes… Como el PRI ha advertido que si no hay dictámenes de reforma política y laboral y de la Ley de Seguridad Nacional, que no pudieron aprobarse en el pasado periodo ordinario de sesiones, para que se convoque a un extraordinario, el PAN reacciona como lo hizo ayer… La comparecencia de los titulares de Gobernación, PGR y del INM, para que expliquen todo lo sucedido en los últimos meses con los casos de indocumentados nacionales y extranjeros, ejecutados y la destitución y detención de funcionarios y agentes de Migración, quedó, pues, pendiente, como si poco o nada importara…
Rubén Moreira Valdez
www.pulsopolitico.com.mx
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