Por Héctor Yunes Landa
En los últimos días se ha suscitado una controversia en relación a un asunto fundamental para nuestro partido como lo es el financiamiento para realizar sus actividades. Este tema tiene al menos dos aspectos a considerar: por un lado, en los estatutos de los partidos políticos -y el nuestro por supuesto lo contempla- se tiene el concepto de las cuotas que deben cubrir sus militantes. Esto es, ¿los militantes deben contribuir al financiamiento del partido al que están afiliados? La respuesta es sí, aunque esta afirmativa tiene matices.
Para el caso del PRI, lo que propone el Comité Directivo Estatal es que los militantes que tienen un cargo en la administración pública así como de representación popular, hagan patente el compromiso moral con su partido al aportar su cuota, toda vez que accedieron al cargo como consecuencia del triunfo electoral del PRI.
Es claro que un militante que no tiene un cargo público, trabajo o una posición económica desahogada, se le dificulta dar su cuota; para estos militantes el CDE del PRI propone que su aportación sea voluntaria y en la medida de sus posibilidades.
¿Por qué insistimos en este tema controvertido? Porque el financiamiento a los partidos ha sido sujeto de muchas opiniones sobre cuál debe ser la forma preferente para dotar de los recursos que necesitan los partidos para el sustento de sus actividades. La disyuntiva es si deben tener una proporción mayor de financiamiento público o, por el contrario, allegarse más recursos procedentes del ámbito privado.
Los partidos políticos son entidades de interés público y por eso reciben financiamiento del gobierno. Existen, sin embargo, otras razones de peso para que ésta sea la principal fuente de recursos legalmente aceptada para sostener a los institutos políticos; en caso contrario, de darse el caso de que los partidos obtengan sus recursos del ámbito privado, se corre el riesgo de que se generen compromisos y vínculos con sus patrocinadores y en consecuencia estas organizaciones públicas puedan ser utilizadas por intereses privados como los que representan grandes corporaciones nacionales, transnacionales, o, peor aún, por el propio crimen organizado.
Ciertamente la legislación electoral en ese aspecto aún está lejos de ser la óptima, pero eso no significa que los partidos tengan manga ancha para abrir sus puertas a intereses ajenos al de los ciudadanos que es la esencia de los partidos. De ahí que lo procedente es privilegiar el financiamiento público por encima del privado, como ocurre en la mayoría de los sistemas democráticos occidentales.
El tema se complica aún más si se considera que nuestro país y nuestro estado enfrentan condiciones económicas y financieras muy comprometidas y, frente a la ingente necesidad de destinar más recursos al combate a la pobreza, a la educación o a la salud, es deseable que los partidos vayan equilibrando cada vez más el origen de su financiamiento hacia el ámbito privado.
La pregunta obligada es: ¿Cómo utilizar menos recursos públicos sin comprometer nuestra independencia y funcionalidad al depender del financiamiento privado proveniente de las grandes corporaciones que podrían comprometer la actuación y libertad del PRI?
Parece que el camino más viable sería un financiamiento de origen privado pero que, por la dispersión que tendría al surgir de los funcionarios surgidos del partido, de sus militantes e incluso de los ciudadanos simpatizantes que aporten voluntariamente pequeñas cuotas al PRI, este dinero no pondría en riesgo su autonomía e independencia orgánica, y, por el contrario, mantendría a salvo su capacidad de actuar con libertad y su compromiso a favor de las mejores causas de la nación.
Esta es la función que la Ley establece para los partidos políticos a quienes requiere contribuir en la formación cívica y política de los ciudadanos, así como representar con sentido ético y lealtad los intereses de la nación. Esto es lo único que puede legitimar la función destinada a los partidos en cuanto a ser instituciones que propicien el acceso al poder de los ciudadanos que compiten en elecciones: la independencia respecto a los grupos de poder y de interés que tratan de cooptar a las fuerzas políticas y ponerlas al servicio de sus intereses particulares, muchas veces inconfesables.
Es claro que esta propuesta pretende llegar a un escenario idóneo que está aún muy lejos de ser alcanzado, pero estoy convencido de que no debemos conformarnos; si no empeñamos nuestro esfuerzo en lograrlo los partidos seguirán dependiendo tanto del uso de recursos públicos como de la tentación de utilizar recursos privados que pueden ser cuestionables.
Mientras se perfecciona la ley electoral en materia del financiamiento a partidos, las fuerzas políticas tenemos el derecho y obligación de solicitar al apoyo a nuestras bases. Además de financiar, la aportación tiene también un efecto positivo en el sentimiento de pertenencia de un militante con su partido. Tan sólo por eso podría estar justificado.
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