Cuando el “no hagas cosas buenas que parecen malas” se ratifica in fraganti en la práctica surgen de inmediato las especulaciones culposas que, de no ser aclaradas con prontitud y eficiencia, de inmediato se ven envueltas en interesados rumores que como la gasolina al fuego avivan el acontecimiento. Si la tardanza en aclarar se prolonga por más tiempo, sucede igual que cuando un peso físico se mueve en arenas movedizas, mientras más se explica, más se enreda o se hunde el asunto. Tal acontece con el tema de los 25 millones de pesos en efectivo incautados a dos emisarios de la secretaría de finanzas de Veracruz. La explicación inmediata del porqué trasladar en efectivo esa suma de dinero fue tan peregrina que nadie la creyó, después todo ha ido de mal en peor.
Mal, porque no se ha podido recuperar ese dinero, peor porque el asunto sigue levantando ámpulas y, lógicamente, ha sido arrastrado al seno del ambiente político electoral que vive México, en donde es susceptible de ser aprovechado y cual “bobita” lanzada por un pitcher distraído, como se dice en el argot beisbolero, puede ser bateada para conseguir mínimo un hit de dos bases.
Así parece haberlo percibido el senador veracruzano Juan Bueno Torio quien ha presentado una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y de Miguel Morales Robles y Saíd Sandoval Zepeda, los mensajeros que portaban los 25 millones cuando fueron aprehendidos en el Aeropuerto de Toluca, por no haber podido acreditar el origen y destino de esa suma millonaria. Situado en el terreno de la especulación, dice el senador que el dinero estaba destinado a financiar campañas políticas del PRI.
Pero, bien debe suponerse que la intención del senador esta orientada más que a descubrir la supuesta ayuda al PRI, para evitar que el asunto, al igual que muchos otros que acontecen en este país del no pasa nada, termine en el olvido y por que supuesto una veta de oro de esta naturaleza en tiempos electorales, decía el filósofo Perogrullo, vale oro. Por ello es que Bueno Torio solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la información sobre “los actos, transacciones, retiros, depósitos o cualquier movimiento en efectivo realizado por el gobierno de Javier Duarte…. Es de suma importancia conocer los montos, el origen y el destino de dichos movimientos, así como las partes que intervienen, ya que existe la sospecha fundada de que dicho gobierno ha estado llevando a cabo actividades ilícitas e irregulares que atentan contra el patrimonio del Estado y de la sociedad”.
Pero, no faltaba más; en un universo de complicidades y de silencios por aquello de “todos somos coludos”, no fue lejos el senador por la respuesta a su osadía. Los diputados federales veracruzanos integrantes de la bancada legislativa del PRI en el Congreso de la Unión, liderados por el diputado Juan Nicolás Callejas, en voz de este declaran que “como veracruzanos no permitiremos que el esfuerzo de un gobierno como el de Javier Duarte de Ochoa sea distorsionado para fines ajenos al beneficio de nuestro estado y del país”. Adicionalmente, los diputados veracruzanos sin formular denuncia alguna piden a la PGR realizar la investigación correspondiente a la gestión de Juan Bueno Torio cuando este fue Director de esa área en la paraestatal. En esos términos, es como devolver balas de salva contra un obús.
Dice el diputado Callejas que “El Gobierno del Estado ha demostrado y acreditado plenamente el origen y el destino legal de esos recursos; la propia PGR ha reconocido oficialmente que no hubo comisión de delito y el gobierno estatal ha solicitado ya de manera formal la devolución del numerario”. “El traslado de dinero fue una operación legal y acreditada, a la cual se le ha querido dar un manejo político” (Sic).
No proponemos sugerir cuál de las dos partes pretende asumir la verdadera defensa del patrimonio de los veracruzanos, pues por alguna razón teórica a los diputados se les denomina como “representantes populares” (algunos se lo creen), y a los senadores representantes de la federación, pero mientras no se aclare este asunto por nuestra parte los ciudadanos seguimos en ayunas observando cómo actúan estos representantes de nuestra clase política inmersos en un diferendo en el que está en juego un dinero que es patrimonio de los veracruzanos y que por ineficiencias de operación pudieran perderse.
Porque, efectivamente los 25 millones que retiene la Procuraduría General de la República pertenecen a los veracruzanos, y en este sentido nadie osaría siquiera suponer que procedieran del patrimonio particular o familiar de alguno de los involucrados, y no necesariamente porque no los tengan sino porque en ese caso se supone que obrarían con mayor prudencia.
Está por demás argumentar que la mejor forma de terminar con este asunto y llegar a un final feliz es que se presenten los documentos que avalen el dicho de que no hay nada oculto ni ilegal en el transporte de esa cantidad de dinero. Así evitaremos a los diputados y senadores el molesto espectáculo de exhibir nuestra folklórica cultura política, a la que Kafka denominaría simplemente costumbrismo político.
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