CAMALEON
Dom, 06/11/2011
Es fácil advertir en el contexto político-electoral de este país que proseguirán las acciones para aclarar el enorme endeudamiento que registra el erario de Coahuila como consecuencia de sucesivos préstamos bancarios, sobre todo porque algunos fueron soportados con documentación apócrifa, sobra decir que el tema destaca aún más porque se involucra a Humberto Moreira, actual presidente del CEN del PRI. Sí ya de por sí es de graves implicaciones un trámite de esta naturaleza, el asunto toma mayor relevancia porque el dinero así obtenido se ejerció durante el mandato de Humberto Moreira como gobernador de aquel estado. No es oficioso reflexionar que el asunto gravita sobre las posibilidades que tiene Moreira de proseguir como presidente de su partido, pues las acusaciones arreciarán y amenazan con contaminar el buen paso que hasta ahora lleva el PRI en su marcha hacia Los Pinos. Por lo mismo, no extrañaría que la nomenklatura priísta ya estuviera analizando los pormenores de su relevo y solo resta saber cuando y cómo ocurrirá.
Durante un prolongado periodo histórico, en México hemos padecido el recurrente fenómeno de la impunidad y la inmunidad de muchos de los actores políticos, el hecho ha sido un lugar común, sobre todo durante la etapa previa a la alternancia democrática. Sin duda hubo destellos que aparentarían todo lo contrario, como cuando López Portillo encarceló a varios ex colaboradores de Luís Echeverría, su antecesor en la presidencia; también cuando De la Madrid persiguió y encarceló a Jorge Díaz Serrano; qué decir del encarcelamiento de Raúl Salinas, hermano incómodo de Carlos Salinas de Gortari, por voluntad expresa de Ernesto Zedillo, el beneficiario del trauma colosista. Pero aquello estuvo contaminado por la querella política, o al menos así lo quisieron hacer sentir los afectados debido a que se trataba de la “familia revolucionaria”, allí quedaba todo y no trascendía más allá de ser consideradas como vendettas políticas, nada que ver con deseos ciertos de transparentar el ejercicio gubernamental.
Algo ha cambiado ahora en tiempos de la alternancia, en los que una vez desaparecida la figura presidencial como factótum de decisión respecto de quién sería el candidato al gobierno de un estado, el proceso convirtió a los gobernadores en el centro del poder que ahora decide los pormenores de su sucesión, al menos en lo que a su partido corresponde; en este trámite se dan casos en los que se privilegia la preferencia por alguno de los aspirantes con miras a cubrirse las espaldas. Coahuila, Oaxaca, Zacatecas, Sinaloa y Veracruz, dentro del PRI, son casos que así lo confirman; el tema de los resultados es otro cantar y de allí se derivan los matices de las consecuencias. En Oaxaca perdió el PRI, luego entonces el nuevo gobernante exige cuentas a su antecesor y ha encarcelado a algunos de sus colaboradores. En Zacatecas perdió el PRD, y el sucesor priísta trae abrumada a la perredista Amalia García para que aclare el daño causado al erario durante su gestión; en Coahuila el gobernador Moreira dejó a Moreira, su hermano, en la gubernatura, pero aquí la liebre le está brincando por otro lado; y en Veracruz, por muy obvias razones, Fidel hasta ahora respira aparentemente tranquilo, a pesar del desbarajuste administrativo y financiero que heredó a su sucesor. Peeero, esos peros que nunca faltan, aquí también la liebre podría saltar por otro lado.
La muy sui géneris democracia que vivimos permite mucho de la impunidad que padecemos, al grado que ciertos políticos, una vez cometido sus desarreglos, buscan ampararse en la inmunidad que proporcionan los cargos con fuero, un fenómeno que en México todos conocemos. Sin embargo, debe enfatizarse que, a partir de la alternancia en la presidencia de la república, y de igual manera por la creación y fortalecimiento de instituciones que vigilan la transparencia en el ejercicio del recurso público (nada que ver el Orfis veracruzano, por supuesto), por la rendición de cuentas, por una efectiva independencia del Poder Judicial, se han logrado significativos avances.
Sin duda hemos avanzado. De allí que no parezca nada extraño el que empiece a tomar forma lo que durante mucho tiempo ha sido recurrente rumor en el sentido de que destacadas figuras del PRI en un futuro más que cercano acorde a los tiempos podrían aparecer en la nota roja, como consecuencia de las pésimas y desafortunadas gestiones de gobierno que encabezaron. Entre estos políticos se menciona a Fidel Herrera Beltrán, sin duda muy conocido en tierras jarochas, aunque no precisamente por haber ejercido el poder que le depositó la ciudadanía veracruzana con vistas a sacar a Veracruz del atraso en el que se encuentra, sino por haber heredado al pueblo que lo vio nacer y a su sucesor en el cargo una deuda de magníficas dimensiones, de cuya inversión no se encuentran justificantes en el territorio veracruzano. Adicionalmente, se dice que se le formará proceso por acciones que riñen con el marco legal establecido, si así ocurriera serían síntomas inocultables de que el sistema se está regenerando. Nada parecido a una “guerra sucia”. Verdad o no hasta ahora es rumor.
No obstante, “Guerra sucia” sería si los señalamientos fueran infundados y porque en este país el que acusa prueba. En todo caso, al lavarse la cara el sistema escurrirá agua contaminada de corrupción, de impunidad y de inmunidad, lacras estas que por muchos años se han enseñoreado en el ámbito político de México. A cambio, o por eso mismo, pronto se escuchará la letanía de que se trata de una guerra sucia, porque los políticos señalados pertenecen a un partido (en este caso el PRI) que va en caballo de hacienda, camino a Los Pinos. Son estrategias hábilmente sugeridas por quienes se defienden acudiendo al viejo recurso de decirse “víctimas” de una “guerra sucia”, escudándose tras banderías político-electorales.
Ahora que el sistema político está en vías de transformaciones, de cambios, ojala efectivamente se profundice la labor de profilaxis política, la que debe incluir cambios en las conductas y actitudes de los actores políticos respecto de su responsabilidad para con los ciudadanos. Se requieren políticos con ideas, como decía Unamuno: “de verdaderas ideas, generales, centrales, normales, contrastadas por la razón... Ningún hombre que sin esas ideas se lance a querer dirigir y gobernar a sus compatriotas puede ser moral…La más profunda inmoralidad de un político estriba en carecer de ideas, en no tener un concepto normativo y claro de lo que ha de ser el Estado, y de su finalidad y destino. Para un político llega a ser mucho más inmoral que robar del tesoro público supeditarlo todo a allegar votos, a lograr el poder o la jefatura-¡y a las veces, por qué medios!-como lo que degrada moralmente, lo que envilece a concejales, diputados, senadores y funcionarios públicos, lo que les hace abyectos y miserables es no pensar en otra cosa que en la reelección o en sostenerse en sus puestos o en volver a ellos, sea como fuere. Eso es vender el alma a un poder más tenebroso que al mismísimo demonio. Mejor que eso… ¡robar! ¡Antes robar que caer en esa pordiosería!”
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