CAMALEON
Los titulares de los poderes ejecutivo y judicial del Estado de Veracruz han rendido sus respectivos informes de labores, tal como lo establece la constitución veracruzana en un régimen republicano de división de poderes. Al otro poder, el legislativo, le corresponde verificar que las cuentas del informe del gobernador se identifiquen con la realidad, para lo cual los secretarios de despacho deben de comparecer frente a las Comisiones respectivas del Congreso para responder verazmente a las preguntas que los legisladores le formulen.
En México no solo por costumbrismo político ponemos mayor atención en el Informe del Poder Ejecutivo, es también por la forma de gobierno que nos hemos dado y que durante todo el siglo XX privilegió al régimen presidencialista, eje central de las decisiones políticas sobre el que giraban los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial, ambos de no menor importancia en la teoría pero en la realidad estaban sometidos al Ejecutivo. El síndrome se extendió a los Estados y esa es la razón por la que en cada periodo de Informes se destaca el del Ejecutivo en demérito del Judicial.
Sin embargo, por efectos de las reformas constitucionales que desembocan en la creación de nuevas instituciones y procedimientos deviene un desarrollo político que irá ubicando a cada Poder en su justa dimensión, tal y como se advierte en la nueva relación entre los Poderes pues el Poder Judicial ahora decide por votación de sus componentes quién lo debe encabezar, sin la injerencia del gobernador como anteriormente se estilaba. Habrá de ocurrir igual con el Legislativo, una vez que sus individualidades asuman que deben su posición al voto de la ciudadanía y no expresamente a decisiones cupulares de sus respectivos partidos.
De entre los puntos que sobresalen del informe de Alberto Sosa Hernández, Presidente del Poder Judicial, destaca el ofrecimiento de una mejor impartición de justicia, ahora que se requiere de la aplicación irrestricta de la Ley para que se acomode con un auténtico Estado de Derecho. “Sancionar a los que incurran en desvíos de la ley para torcer la vara de la justicia", dijo en su Informe el magistrado, ello evoca la necesidad de escarmentar con “la vara de la justicia” a quienes incurran o hayan incurrido en desvíos de recursos públicos.
De otro lado, para comprender en su contexto el informe del gobernador Duarte de Ochoa habría que suponerse en su lugar, ostentar su posición política, llevar a cuestas la responsabilidad que le confiere el cargo y desde allí observar el panorama de enfrente, o sea a nosotros mismos en nuestra condición de mandantes, muchos (la mitad de la población) viviendo en pobreza extrema, en actitud de espera por resultados, con talante crítico hacia quien atribuimos el poder de hacer las cosas, exigentes porque vemos que esto camina lento, muy preocupados porque ya perdimos seis años y no quisiéramos que el fenómeno populista y demagógico se repitiera.
En ese contexto, para mejor situarnos debemos tomar con cierta reserva los adjetivos de “productivo”, “veraz”, “objetivo”, “valiente”, “sincero” y muchísimos más que se endilgan al primer informe, calificativos que pertenecen al cartabón de la parafernalia tradicional que por muchísimos años hemos escuchado decir a quienes tienen la necesidad de manifestarlo en público, aunque son los mismos que en “lo oscurito”, en petit comité, en el café, en el desayuno, la comida y quizás hasta en la cena comentan exactamente lo contrario. Ante esta reflexión acerca de nuestro costumbrismo político ¿será posible formularse un juicio certero acerca del verdadero contenido del Informe y si este coincide con la realidad que vivimos?
De entrada, debemos reconocer las enormes dificultades a que se ha enfrentado este gobierno, de entre ellas destacan la inseguridad pública y un erario deteriorado. Este Estado ha transitado por un difícil periodo de zozobras cotidianas, permeadas por infinidad de levantones, secuestros, homicidios colectivos, que gracias al programa Veracruz Seguro implementado por la federación de alguna manera ha disminuido la sensación de inseguridad que prevalecía. El que lo haya reconocido el gobernador en su informe es un buen avance porque revela que ahora sí existe voluntad para enfrentar el problema, coordinándose con las autoridades federales.
El asunto de las finanzas ha sido el cantar de los cantares del primer año de gobierno de Duarte de Ochoa.
Nuestro marco jurídico establece la comparecencia de los colaboradores directos del gobernador ante el Congreso, para informar acerca de lo realizado en el término de un ejercicio político-administrativo. Esta debiera ser una efectiva evaluación popular, siempre y cuando los legisladores asuman a plenitud la función que les corresponde en un sistema democrático de división de poderes en el que la responsabilidad hacia sus representados debiera tener absoluta prelación; de esta manera observaríamos a los diputados en la tarea de escrutar el documento presentado por el poder ejecutivo, aclarar dudas, si las hubiere, con cuestionamientos certeros sin temor a reprimendas y/o reconocer los aciertos.
El ciclo de comparecencias lo ha iniciado el Secretario de Finanzas, quien empezó por afirmar que la deuda pública de Veracruz ascendía a 12 mil 600 millones de pesos, pero los cuestionamientos lo obligaron a reconocer que en Hacienda federal se tiene registrada por 21 mil 337 millones de pesos. Bien se dice que una verdad a medias supone una mentira, o por lo menos un encubrimiento, porque es tan preocupante el monto de la deuda pública que el secretario no se atrevió a comentar que a los 21 mil millones habrá que sumarle el “pasivo circulante” (que también es deuda), que asciende a 17 mil 400 millones de pesos, y que con esto se eleva el débito a casi 39 mil millones de pesos. Es un sofisma el argumento de si es bancaria, bursátil o pasivo circulante, pues de cualquier manera los veracruzanos tenemos que pagarla debido a la irresponsabilidad del gobierno precedente.
Peor todavía, en el caso del “pasivo circulante” se obliga al actual gobierno a solicitar un préstamo bancario para poder solventarlo pues durante los doce primeros meses ha tenido en ascuas a proveedores y contratistas. En cuanto al servicio de la deuda, que importa 3 mil 700 millones de pesos, el secretario de finanzas dice que no representa problemas, pero solo para darnos una idea de lo que significa su monto imaginemos cuántos hospitales serían dotados con equipos de tecnología de punta, o en que medida crecería la investigación en un año en las universidades e institutos de educación superior con solo destinarles el 30% de esa cantidad.
Sobre la utilización del crédito de 10 mil millones de pesos que solicitó la administración de Fidel Herrera Beltrán a fínales del 2010, Tomás Ruiz aseguró que “En una primera etapa esta cantidad se destinó a atender
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