ARTICULISTA INVITADO
La semana anterior el máximo tribunal del país, en ejercicio de sus facultades constitucionales, concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión a la quejosa Florence Cassez, presunta responsable de diversos delitos como secuestro entre otros. El amparo tuvo fundamento principalmente en las violaciones efectuadas al “debido proceso” en su detención y el juicio que se le siguió de forma desapegada a derecho. La mayoría de los mexicanos tenemos la idea de la supuesta criminal francesa adherida a la banda de secuestradores “los zodiacos”, debido a que se nos hizo creer una supuesta flagrancia de delito que hoy tenemos la certeza de que nunca existió.
El secuestro es uno de los delitos que más calan actualmente en nuestra sociedad, quizá por eso a la sociedad mexicana le cuesta comprender que sucedió en este caso concreto. México es un país que aspira lograr la legalidad en todas sus áreas de gobierno y la impartición de justicia no es la excepción; por el contrario, es la parte fundamental de un Estado de Derecho que aspira cumplir a cabalidad con la obligación de brindar, por un lado protección, y por otro seguridad jurídica a los ciudadanos mexicanos, pero también a los extranjeros que habitan en nuestro territorio, lo que resulta indispensable por obvias razones políticas y económicas en el mundo globalizado que vivimos.
El caso Cassez no era fácil, requería la experiencia de los integrantes del máximo tribunal por sus mismas implicaciones, es decir por el tipo de delito calificado como grave y encuadrado en la denominada delincuencia organizada; pero además, por tratarse de una extranjera sometida a las leyes mexicanas, por las afectaciones mismas de las relaciones entre Francia y México, y especialmente por estar confrontados el interés de la sociedad vs el interés particular respecto de una garantía tan preciada como la libertad.
Si bien la presunta culpable fue condenada a 60 años de cárcel, lo cierto es que los procedimientos estuvieron plagados de prácticas inconstitucionales que suponen la invalidez del proceso. Desde el momento mismo de la detención que no fue en flagrancia, ya que se monto un escenario para darle cobertura en medios. Existían varias contradicciones en los testimonios de los testigos llamados a declarar, no se cumplió con lo que marca la ley, respecto de que en todo momento debe el presunto delincuente tener un intérprete que le haga saber todo lo que sucede y que le indique el contexto del derecho mexicano.
Es conocido que en nuestro derecho aun cuando existieran fuertes indicios de la veracidad en la comisión del delito y se llegue a la conclusión de condenar mediante una sentencia, cuando existen violaciones de derechos humanos o procesales estos invalidan el procedimiento y aún más invalidan el mismo fondo de la sentencia dictada, y al invalidarse todo, las cosas deben retornar al estado original que guardaban. Por cuestiones como las descritas anteriormente es necesario que exista una fuerte profesionalización apegada a los derechos humanos y las garantías procesales por parte de las autoridades que intervienen en estos casos, desde el policía que detiene al presunto delincuente, el ministerio público que decide ejercitar la acción penal y el juez que conoce del caso.
Sin embargo, lo que no podemos hacer es violentar las garantías más fundamentales de nuestro sistema jurídico, es decir no podemos pensar en hacer que una persona purgue una condena cuando la misma se encuentra viciada de origen por un procedimiento ilegal del cual derivó la misma. Si algo es importante en el mundo jurídico actual, sobre todo en cualquier país que se precie de civilizado y moderno como quiere ser el nuestro, los derechos humanos deben ser respetados y estar sobre cualquier otra clase de derechos.
Desde hace años contamos en México con un Poder Judicial totalmente autónomo hasta su más alto nivel. Si tenemos que hablar de la parte mejor calificada por la percepción ciudadana esa parte es justamente la correspondiente al Poder Judicial de la Federación. Desde la reforma a éste realizada por el presidente Ernesto Zedillo en 1994, con la autonomía de presupuesto y otros principios rectores, el Poder Judicial está blindado contra cualquier injerencia desde los otros poderes de la Unión.
Debemos tener la seguridad de que la decisión que ha tomado el máximo tribunal del país fue no solo la más ajustada a la idea del justo derecho y el debido proceso sino que sobre todo fue una decisión que los ministros tomaron con la mayor libertad en el ejercicio de sus facultades resguardadas en la Constitución. Lo que observamos hace algunos días fue ni más ni menos que la confirmación que nos dice que en México existe un Estado de Derecho que se respeta y se hace valer. Los extranjeros en Francia y en el mundo que miraban con atención este caso y su resolución saben también que nuestro marco jurídico y nuestras instituciones tienen una fortaleza al nivel de la de cualquier país de primer mundo.
Se argumenta en contra de esta soberana decisión que podría abrir la puerta a que algunos delincuentes invoquen el amparo de la justicia federal por presuntas violaciones durante el proceso de su detención y consignación, lo cual nos obliga como Estado a extremar el cumplimiento de la legalidad en todos los procesos judiciales; yo estoy seguro que a futuro esto tendrá enormes beneficios para todos los ciudadanos mexicanos. El argumento de que el presidente Peña Nieto presionó para orientar el sentido de la sentencia es insostenible, tan solo porque baste recordar que la mayoría de los ministros fueros designados durante los dos sexenios del PAN en la Presidencia de la República. En todo caso, si hay que buscar culpables de esta lamentable situación, tendríamos que mirar hacia los titulares de las dependencias involucradas tanto en el montaje como en todas las demás violaciones cometidas durante el proceso, ahí están los responsables de lo ocurrido.
En el Senado tenemos el claro propósito de seguir moldeando el marco jurídico nacional de manera que cada ciudadano pueda sentirse protegidos sus derechos más íntimos, que la sociedad sienta que nuestra mayor preocupación es regular la interacción de los individuos para que la vida de todos se desarrolle en un ambiente de respeto y armonía. Debemos luchar sin descanso por que nuestras normas sean ejemplo para otros países y que los extranjeros y los propios mexicanos sientan que México no sólo es un país de oportunidades sino sobre todo de seguridad jurídica, donde la ley es igual para todos y se cumple a cabalidad.
tw: @HectorYunes
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