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jueves, 14 de julio de 2011

CAMALEÓN


Simulación y mentira
por:Alfredo Bielma VillanuevaJulio 12 de 2011



Después de la hipérbole y la mentira desbordadas en el discurso oficial que padecimos durante los pasados seis años en el estado de Veracruz, una medida correctiva en el esquema administrativo del actual gobierno refresca las expectativas de la ciudadanía veracruzana, consternada aún debido a la crisis provocada por aquel ensordecedor bullicio sin orden ni concierto.
Aunque suene a obsecuente elogio, pero debemos reconocer lo positivo de la estrategia diseñada por quienes tienen a su cargo la encomienda de reducir el gasto corriente empezando por procurarle distinta adscripción a diversos organismos desconcentrados cuya existencia no justifica el gasto que ocasionan, particularmente el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, el Instituto Veracruzano del Transporte, el invento ese de Carreteras y Puentes Estatales de Cuota, el Consejo Veracruzano de Arte Popular, qué no decir del Colegio de Periodistas. (En sentido contrario, lectura aparte debería darse al Colegio de Veracruz, una institución descentralizada, que bien merecería mantenerla al margen de estructuras que perturben su elevada calidad académica).
Sin duda, la medida está en consonancia con la ingente necesidad de ahorrar recursos financieros y derivarlos hacia otros ramos, como el de la salud o la obra pública, para cubrir demandas a cuya atención se debe priorizar en un emproblemado contexto como el actual que parece no tener fin por el laberinto de problemas recibidos en herencia.
La disposición en comento va aunada al diseño e implementación del programa “Adelante”, de cuyo éxito depende parte de la solución a problemas colectivos que afectan a la población más menesterosa de Veracruz. Si gobernar es planear las acciones antes de ser ejecutadas con eficiencia y eficacia para obtener los resultados apetecidos, estas dos disposiciones del actual gobierno señalan un buen comienzo. En el servicio público nada es tan edificante que obrar con la seriedad que se requiere para resolver los problemas de la comunidad. Esa es una vocación de la que careció en grado sumo el gobierno precedente, el que debiera quedar como un caso paradigmático de lo que no puede ser ni debe hacerse cuando realmente se desea el bienestar de la población.
En un universo de mentira y simulación como el que históricamente hemos construido en México, en la relación sociedad-gobierno el ciudadano promedio ha quedado atrapado en ese escenario de ficciones; por la acostumbre de escuchar mentiras de quienes gobiernan el ciudadano ha aparentado que cree y todavía aplaude, por ello con el tiempo se fue tejiendo una urdimbre de lógica consecuencia porque en el otro lado, el político sabe que miente, que no se le cree y, a pesar de todo, se le permite la mentira, aunque no engañe. Así, la relación gobierno-ciudadanía se fue convirtiendo en una trama perversa que ha gravitado en contra del desarrollo político de México.
Esto explica el porqué ningún sector de la sociedad veracruzana levantó la voz cuando en Veracruz se hablaba de la eufórica construcción de puentes y no exigió información verídica sobre ubicación y costo; ninguna organización ligada al campo veracruzano cuestionó la veracidad de la supuesta entrega por el gobierno estatal de 10 mil tractores, tampoco pidió información fehaciente de la producción de maíz que tanto se presumió; ninguna organización de empresarios preguntó por cifras ciertas acerca del avance económico y el grado de industrialización que se decía habíamos alcanzado; tampoco se cuestionó sobre la autenticidad del número de empleos “fijos y bien pagados” que según el discurso se crearon en Veracruz; nadie reclamó cuando se afirmaba que no se iba a dejar deuda pública, tampoco cuando, a pesar de promulgadas “bondades” de la bursatilización no hubo concordancia entre el dinero gastado y la infraestructura que gracias a ella se lograría; salvo algún partido político nadie más puso en duda los informes acerca de que se había reducido la emigración. Nadie reclamó cuando se alardeaba del casi inexistente equipamiento de clínicas y hospitales; los contratistas callaron cuado se hablaba de la construcción de nuevas carreteras que doblarían el número de las ya existentes. Cuando se nos vino el mundo encima por el patente incremento del delito todos callamos, porque los malosos venían de fuera; estos y muchísimos expedientes más forman un acervo extraordinario de mentiras que la sociedad veracruzana pasó por alto pues nunca levantó la voz para desmentirlas.
En este patético contexto se inserta y explica el afán del actual gobierno estatal por convencer al contribuyente veracruzano de las bondades de la aplicación del nuevo tributo estatal sobre la tenencia vehicular que se ha visto obligado a prorrogar debido a la penuria financiera heredada. En el intento por desbrozar el camino, el Secretario de Desarrollo económico arremetió en contra de empresarios que se pronunciaron adversos a este impuesto, calificándolos de “seudo líderes” y de “bipolares”, esto último porque, según él, en lo oscurito solicitan prebendas que los beneficien y en público manifiestan otra actitud. Lo de las canonjías no es un secreto, en este país es costumbre buscar dirigencias grupales más para acomodarse beneficios personales que para trabajar por el bien del grupo. Pero, finalmente, otros empresarios, seguramente no bipolares ni seudo líderes, se manifestaron a favor de la implementación del nuevo tributo porque, argumentaron, “redistribuye la riqueza” (sic).
Debido a la triste experiencia padecida en los pasados seis años es fácilmente perceptible la desconfianza ciudadana respecto del manejo del dinero público. De allí que se haya anunciado la creación de un fideicomiso que vigile la aplicación del dinero recaudado por este impuesto y que se destine efectivamente a la seguridad pública, a pagar parte del adeudo de la bursatilización, al combate a la pobreza, a la educación, etc., según la versión de los Diputados Carvallo y Karime Aguilera. Lamentablemente, en ese entendimiento el esfuerzo del gobierno por transparentar el uso del erario tendría que crear tantos fideicomisos como impuestos haya. Así de desconfiada y arisca quedó la burra.
Pero no se requiere llegar a tales extremos ya que sería más que suficiente una efectiva labor de profilaxis contra la corrupción y la impunidad. El combate contra la opacidad debe ser emprendido conjuntamente por la sociedad y el gobierno, uno, aplicando con decisión las leyes anticorrupción, la otra, denunciando a los actores políticos que pretendan escurrir responsabilidades al omitir acciones inherentes a su encargo. De otra manera, la simulación, la mentira y el engaño seguirán formando parte consustancial de nuestra cultura política y, por consiguiente, seguirán atajando cualquier intento de mejorar la relación sociedad-gobierno.

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