CAMALEON
Lun, 09/01/2012
El Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social presenta cifras poco alentadoras respecto de nuestro desarrollo social, pues nos dice que más de un millón 300 mil veracruzanos viven en rezago social, en extrema pobreza, y por esto debemos entender que no les alcanza ni para comprar la canasta básica, tienen rezagos en educación, difícil acceso a los servicios de salud, etc. Si los queremos encontrar viven en municipios como Mixtla de Altamirano, Astacinga, Aquila, Atlahuilco, Calcahualco, Benito Juárez, Filomeno Mata, Soteapan, Soledad Atzompa, Tehuipango, Xoxocotla, Zozocolco, Tatahuicapan, y muchos más que, como se podrá advertir, están ubicados en las distintas sierras de Veracruz, aunque también en el llano hace aire.
Se supone que el Programa Adelante implementado por el actual gobierno del Estado tiene como propósito reducir esos niveles de marginación y de subdesarrollo social, que por lo demás persisten en otras regiones del estado en donde la pobreza es una constante. De acuerdo a los anuncios gubernamentales este año se harán grandes obras y se realizarán importantes acciones para que Veracruz avance, así quisiéramos que sucediera y que no se quede en el discurso o en explicaciones del porque no se hicieron culpando por ello a la federación. No es un simple deseo, es también una preocupación derivada de lo que se puede advertir en el escenario estatal con un proceso electoral en puerta, cuya importancia habrá ocupar en serio la atención del gobernante.
Este año celebramos elecciones federales para el cambio de titular del poder ejecutivo y de integrantes del Congreso Federal, un evento de elevadísimo costo, indicativo de que a nosotros la democracia nos resulta muy cara. Según información relativa a los comicios de 2009 para organizar ese proceso y elegir a 500 diputados al Congreso de la Unión el Instituto Federal Electoral contó con un presupuesto de 20 mil 887 millones de pesos, de los cuales 3 mil 632 millones se aplicaron como prerrogativas a los partidos políticos. En esa elección de 2009 cada voto ascendió a un promedio de 268 pesos, un costo electoral muy elevado comparado con otros países de América Latina y los desarrollados de Europa.
Pero todavía más, sin haber elecciones locales para legisladores locales, acaldes o gobernador, para este año el Instituto Electoral Veracruzano tiene autorizado un presupuesto de 178 millones 600 mil pesos con el argumento de que prepara las elecciones del año que viene, ¿qué pensarán de este dispendio los habitantes de los municipios que hemos enumerado?
Para colmo, el 29 de diciembre pasado, con el voto combinado de los legisladores del PRI y de Nueva Alianza en el Congreso local, se aprobó una reforma al artículo 70 de la Constitución veracruzana para ampliar a cuatro años la gestión de las administraciones municipales, utilizando la peregrina tesis de que así tendrán más tiempo para ganar experiencia y cumplir sus programas, es decir, como si el primer año fuera de aprendizaje. Tan carece de consistencia el argumento que en esa lógica habría que dar de baja los cursos de capacitación que organiza el Orfis para los alcaldes electos, además de los cursos de orientación e información que cada partido organiza para sus alcaldes novicios. Está por demás agregar que entre el día en que son declarados electos y la toma de posesión media un tiempo más que suficiente para quienes gobernarán un contexto social, económico y político que, debe suponerse, ya conocen.
El tema forma parte de un proceso de cambios en el sistema político mexicano para adecuar los mecanismos de gobierno a las nuevas circunstancias económicas y políticas, tal como en el pasado se han producido con sucesivas reformas al 115 constitucional, como la de 29 de abril de 1933 que elevó de dos a tres años el periodo de los ayuntamientos y prohibió la reelección de los presidentes municipales, síndicos y regidores, y la de legisladores locales y federales o la reforma del 8 de enero de 1943 al mismo artículo cuando se elevó de cuatro a seis años el periodo de los gobernadores.
Por lo endeble del argumento habrá que buscar otras motivaciones que no sean las falacias que se esgrimen para encontrar las verdaderas causas que impulsaron la reforma en comento con la que no pocos veracruzanos están en desacuerdo.
Primero: Con la experiencia derivada de los procesos electorales de 2004 y del 2010, al interior del PRI pudieron percatarse del problema que les provoca una elección simultánea de alcaldes, legisladores con la de gobernador, pues en la decisión de aquellas candidaturas se involucra directamente el candidato a gobernador, quien se convierte en reo de la presión que eso representa, a la vez que pierde el respaldo de quienes no son candidateados y emigran a otras siglas partidarias en busca de la candidatura. Esta es una razón obvia que revela el porque no conviene que coincidan los tres procesos en el mismo año.
Segundo: la Reforma se hizo al más puro estilo del autoritarismo sistémico de antaño, sin consulta alguna, tal cual lo transparentó un regidor jalapeño al declarar, después de aprobar el proyecto de Ley, que “la reforma beneficia a todo el estado, por lo que no se debe pensar en hacer consultas para aprobarla, ya que los regidores tienen la representación popular para tomar decisiones a favor de la entidad y ciudad, de acuerdo a principios, ideologías y concepciones de buen gobierno” (sic).
Tercero: porque ahora sucederá como antes acontecía que tendremos elecciones casi cada año, hace poco mas de un año votamos para gobernador, alcaldes y legisladores, en el que corre votaremos para cambiar presidente de la república, senadores y diputados federales, el próximo votaremos para nuevos legisladores locales y alcaldes. Como dice el refrán éramos muchos y parió la abuela, tan pobres como somos y nos damos el lujo de gastar hasta lo que no tenemos.
Cuarto: porque el tema está íntimamente vinculado a la percepción ciudadana sobre la corrupción de la clase política, de allí el comentario público de que ahora tendrán un año más para la rapiña. Vale entonces la pregunta ¿se está en contra de ampliar el periodo porque se teme que “robarán más” o porque se advierte la prolongación de la ineptitud, ineficiencia y la simulación? Nada hubiera obstaculizado el que se consideraran las figuras de rendición de cuentas, iniciativa popular, referéndum, revocación de mandato (e incluso la reelección), que sirvieran para vigilar y controlar a los servidores públicos ¿porqué regatearle a la ciudadanía esos mecanismos de control Sobre todo ahora que nuestro camino apunta hacia una democracia participativa?
El Derecho Comparado nos enseña que en por lo menos 19 países de América Latina 16 aceptan la reelección de alcaldes, con la excepción de Colombia, México y Paraguay, y que en su mayoría el periodo municipal asciende a cuatro años, en Nicaragua hasta seis y en Bolivia dos años, cada país respetando sus circunstancias históricas, políticas, sociales y culturales. En México, Coahuila ya tiene periodo municipal de cuatro años desde 2005, Veracruz sigue en ese orden, Sinaloa lo está proyectando.
En verdad, con administraciones edilicias de cuatro años ¿realmente podrán salir adelante y alcanzar mayor desarrollo social los municipios veracruzanos? Cualquiera no enajenado al poder y al interés político diría que no, porque en el fondo lo que subyace es la corrupción, la simulación, la improvisación, etc. Se aceptan desmentidos.
alfredobielmav@hotmail.com oterociudadano.com
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