La calle
La constitución general de la república otorga el rango de ciudadano a todo mexicano que haya cumplido los 18 años y tener forma honesta de vivir, esa es la formalidad jurídica. Sin embargo, la convivencia social implica la vida del hombre en un contexto colmado de intereses en conflicto entre lo individual y lo colectivo, por lo que el rango de ciudadano se conquista cuando se adquiere la conciencia del ser colectivo y se lucha porque cada cual ceda lo necesario en beneficio del bien común. Ser ciudadano es más que una condición jurídica, es calidad que se gana, no se otorga, e implica una participación responsable que busca orientar la cosa pública e influir en el rumbo social que se desea.
Para ser positiva, la participación debe estar acompañada con el propósito de buscar el bien común, coadyuvando con las instituciones públicas en positiva sinergia.
Difíciles son los tiempos que se viven en el país, Veracruz podría ser la excepción. Ese horizonte invita a la reflexión seria y reposada de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad, particularmente de los actores políticos, cualquiera que sea su orientación partidista. En tiempos de crisis social todo gobierno requiere de la unificación de los esfuerzos del conjunto al que se gobierna. Nada perjudicaría más a Veracruz que pretender pescar a río revuelto cuando la corriente arrecia.
Que se recuerde, ningún otro gobernador veracruzano, por lo menos de Miguel Alemán Valdés a la actualidad, ha encontrado una realidad tan adversa como la que enfrenta el actual gobernante de esta entidad, Javier Duarte de Ochoa: A un rezago social extraordinario, asociado a la herencia de una pesada deuda pública inédita en cualquier tiempo pasado, habrá que agregar el problema de la inseguridad ya generalizado en todo el país; la forma en cómo le vaya a hacer el gobierno del estado para enfrentarlo va a requerir sin duda del respaldo de todos los veracruzanos, que ahora viven polarizados entre atender la diaria subsistencia personal y familiar y procurar no encontrarse en el lugar y el momento menos propicio.
Se habla de informes de inteligencia en poder del gobierno federal que indican que más de la mitad de los ayuntamientos del país, entre ellos no pocos de Veracruz, navegan en aguas no muy claras, ya por necesidad, avaricia o presionados. Esa es una realidad ya radiografiada en el discurso oficial, y es casi imposible de soslayar. Un horizonte nada halagüeño, por lo que requiere de unidad interna y de la solidaridad ciudadana con las acciones de su gobierno que tengan que ver con el buen futuro de Veracruz.
La sociedad está atemorizada, no le consuela el estribillo que habla de exitosas operaciones a favor de la seguridad, pues lo mismo en Coatzacoalcos que en Pánuco, en Veracruz que en Orizaba, pasando obviamente por Xalapa, la percepción ciudadana sobre la inseguridad es, con sus matices correspondientes, un factor que necesariamente disgrega.
Dentro de toda esta compleja realidad subsisten los conflictos cotidianos, a los que toda autoridad está obligada a atender de acuerdo al pacto social. De hecho el encabezado y la concepción original de estas reflexiones relatarían un problema citadino de Xalapa, al que la autoridad municipal le ha dado la vuelta o simplemente ha cerrado los ojos esperando a ver quién lo resuelve o apostando que los quejosos se cansen de protestar. Se refiere a la calle Pico de Orizaba, esquina con Araucarias, que ha sido cerrada al tráfico vehicular porque representa un peligro debido a la amenazante oquedad del subsuelo que en cualquier momento pudiera ceder bajo el peso de lo que ocurre en la superficie.
Los vecinos de las unidades habitacionales afectadas han mantenido una actitud prudente ante la indolencia de la autoridad municipal hacia su problema, y a esa actitud se le ha dado una mala lectura. Los que allí residen han agotado todas las instancias de gobierno para ser escuchados y ya les invade la desesperanza por los estériles resultados. Sin embargo están ciertos de que por la fuerza de su unificación pudieran obtener mejores resultados, pero buena parte de ellos son burócratas, municipales o estatales; y temen por lo tanto que alguna actitud de protesta más radical les afecte su ámbito laboral.
Ello es debido a que socialmente no se ha alcanzado el grado de concientización, de madurez ciudadana. Esa que no distingue entre la condición de ciudadano y la condición laboral, porque ambas están plenamente resguardadas por el marco normativo que defiende y protege al individuo, todo es cuestión de saber ubicar los conceptos en la vida real. La condición de ciudadano se defiende todos los días, desde la participación al elegir mandatarios (los que sirven); desde el cabal cumplimiento de las obligaciones en el puntual pago de impuestos hasta la exigencia porque estos se vean fielmente reflejados en salud, educación, seguridad, infraestructura urbana y rural, etc.
En la situación actual el gobierno del estado requiere de solidaridad interna y esta debe consistir en una actitud responsable de quienes tienen la responsabilidad de gobernar, esforzándose por desbrozar el camino de problemas, porque el adversario que está enfrente es letal. Por su parte, la solidaridad ciudadana con el gobierno viene cuando advierte de los servidores públicos el compromiso y la formal entrega a la tarea encomendada.
Por ejemplo, sería más efectiva la solidaridad de los ayuntamientos hacia el gobernador si en vez de declamar en insustanciales frases: “Sr. Gobernador, el municipio tal está con usted”, manifestaran su adhesión con trabajo responsable al que la ciudadanía certifique y reconozca para justificar el porqué se les eligió para desempeñar el cargo que ahora ocupan.
Entretanto, la calle Pico de Orizaba prosigue cerrada al tránsito vehicular y, lo que es peor, el socavón representa un inminente peligro para quienes por allí transitan. Después de los meses transcurridos desde el primer ofrecimiento de que se atendería el asunto ¿habrá alguna respuesta que aliente?
alfredobielmav@hotmail.com
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