Aunque han sido diferentes voces las que se han pronunciado a favor y en contra del proyecto, el debate entre el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), una de las organizaciones de mayor prestigio en a nivel nacional e internacional, y Dragon Mart han acaparado la atención de la prensa y de la población.
Recientemente el Cemda en Quintana Roo, reveló que de aprobarse este proyecto se violentaría el Programa de Ordenamiento Ecológico del municipio de Benito Juárez, pues no se permiten asentamientos humanos, “en la zona donde se desarrollaría el centro comercial el uso de suelo se limita a áreas naturales, turísticas y mineras, abriéndose apenas la posibilidad de dos, tres y un máximo de cuatro viviendas por hectárea”, apuntaron.
En ese sentido, en diciembre se publicó una entrevista con Alejandra Serrano directora de la oficina Sureste de Cemda, quien reiteró los daños que traería al medio ambiente la movilización de vehículos, construcción de carreteras de acceso a Puerto Morelos, el dragado del arrecife, el manejo de desechos y la dotación de servicios.
Al denunciar los perjuicios de este proyecto, los empresarios Real Estate Dragon Mart Cancún exigieron a Cemda detenga lo que llamó, “actos y declaraciones infundadas en contra del proyecto” ya que aseguraron, éste no infringe las normas ambientales.
En una carta entregada el pasado 10 de diciembre por el representante legal de la firma china Juan Carlos López Rodríguez, menciona que el organismo ambientalista “ha diseñado una estrategia legal, política y de comunicación tendiente a difamar y desprestigiar a mi representada, teniendo como principal objetivo evitar la construcción del proyecto Dragon Mart Cancún, situación que genera un grave daño moral y patrimonial al proyecto multicitado (…) se han efectuado actos considerados como delito contribuyendo a generar un ambiente hostil y de persecución que pone en riesgo no sólo el proyecto, sino la integridad de los que participamos en el mismo”.
Ante esto, el Cemda denunció acciones de intimidación por parte de la empresa que promueve el proyecto, tanto hacia el organismo como en contra de su director general Gustavo Alanís Ortega, al pedir, en dicha carta, la rectificación, en menos de cuatro días, de las declaraciones públicas que integrantes de la organización realizaron en torno al proyecto o procederían legalmente en su contra.
Al respecto, Alanís Ortega señaló en un comunicado que Dragon Mart “busca equivocadamente intimidar a nuestra organización, la cual no busca más que la defensa legal de los recursos naturales de México, el respeto al marco jurídico ambiental, la legalidad y el estado de derecho en materia ambiental, así como la protección de los derechos humanos y ambientales consagrados constitucionalmente”, puntulizó.
La apertura del Dragon Mart podría causar un colapso de las pequeñas y medianas industrias, no sólo en el sureste mexicano sino en todo el país, de ahí la importancia de dar seguimiento a este caso y esperar que las autoridades busquen el beneficio de la población y no el propio.
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