La politización de la justicia, recurso electoral de Felipe Calderón

Por Héctor Yunes Landa

Son muchas las voces que han manifestado su rechazo a la politización de la aplicación de la ley o a lo que se ha llamado el uso faccioso del poder. La impartición de justicia no puede en modo alguno hacerse con cálculos de rentabilidad electoral o por revanchismo político, pues ello desvirtúa su sentido y pervierte al régimen en su conjunto. Ese camino, recorrido ya en otros tiempos y latitudes, invariablemente se revierte a los acusadores, y más cuando exhiben impericia en los pasos que siguen.

Ese es justamente el caso de la reciente aprehensión del empresario Jorge Hank Rhon, ex alcalde de Tijuana y ex candidato a la gubernatura de Baja California. Su detención, en pleno proceso electoral del Estado de México y en la víspera de la sucesión presidencial, no puede ser un asunto meramente judicial. Esa es la opinión de muchos analistas que se preguntan si el presidente Felipe Calderón habrá de transitar la ruta de la barandilla en su afán infructuoso de reposicionar a su partido de cara a la elección presidencial del 2012.

El caso Hank se politizó, además de por la forma poco ortodoxa en que ocurre la detención y lo endeble de algunos de los cargos que se le imputan y que auguran que este caso sea una repetición del fallido Michoacanazo del año 2009, por los apresuramientos de Acción Nacional en respaldo a la detención el propio día en que ocurriera y sin que la Procuraduría General de la República diera a conocer los cargos que le fincaría, salvo un escueto comunicado de prensa en el que hablaba del hallazgo de armas en su casa. Y más aún: ese mismo día en el Estado de México se anuncia el “relanzamiento” de la fallida campaña de su abanderado a la gubernatura en esa entidad, Luis Felipe Bravo Mena, acompañado de connotados personajes de su partido y del gobierno federal.

Si camina como pato, grazna como pato y tiene cara de pato, pues es un pato. Así, esta detención es notoriamente una acción del Gobierno Federal orientada a golpear al gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y al candidato del PRI a la gubernatura Eruviel Ávila, lo que la ubica en la categoría de uso faccioso de la ley, porque no es casualidad que en cada elección haya una nota policíaca que involucre a un personaje político. Es una práctica recurrente de Felipe Calderón utilizar golpes judiciales para dar la sensación de que su gobierno combate la corrupción a toda costa, pero sólo en periodos electorales.

Es evidente entonces que el presidente Felipe Calderón ha comenzado una ofensiva para retener el gobierno nacional, la que ahora se anuncia en diversos trascendidos iría tras otros políticos de oposición a su gobierno, especialmente ex gobernadores. De perseverar en esa ruta y de no aclararse debidamente el caso Hank Rhon, estaremos ante el riesgo de fracturar la convivencia política y democrática con miras no sólo a las elecciones del próximo 3 de julio en el Estado de México, sino en preparar el peor de los escenarios posibles para la elección federal del 2012, particularmente en el virtual estado de guerra en que Calderón tiene sumido al país.

Hoy más que nunca, estamos ante el reto de que haya un apego estricto de la Procuraduría General de la República y del Poder Judicial de la Federación, a las normas establecidas en el marco de derecho de nuestro país, para que se transparente y se deje claro cómo se hizo la detención, la incursión misma a su domicilio, cuál fue la información que se tenía y, desde luego, por parte de Hank Rhon, que alegue lo que a su derecho convenga. Esperamos que se lleve este asunto de forma transparente y que no se esté vulnerando al Estado de Derecho, que el proceso esté acorde a la ley, y que por ningún motivo el Ministerio Público sea un instrumento de partido, que tenga fines partidistas o fines políticos.

No se trata de defender, si fuera el caso, a nadie que sea culpable, pero resulta muy significativo que cada vez que hay un proceso electoral importante, el Gobierno Calderonista usa a la PGR como su brazo armado para tratar de fortalecer su deteriorada imagen, o ¿Hasta ahora, después de 4 años de gobierno Calderón supo que Hank Rhon tenía las presuntas armas o alguna actividad ilegal? ¿Por qué no detenerlo antes o después del proceso electoral en el estado de México?

En ese caso, hay muchos personajes en México que enfrentan suspicacias sobre sus trayectorias y actividades, y el Gobierno Federal debe tratar a todos con el mismo rasero, no sólo a quienes supone que pueden afectar la imagen del candidato a la presidencia mejor posicionado. El mayor problema es que, de seguir con sus obsesiones contra Carlos Slim, contra el PRI, contra López Obrador, etcétera, Calderón podría incendiar al país en 2012 con consecuencias realmente lamentables.