Hasta qué punto en términos de la realidad que vivimos es sostenible el debate sobre la “soberanía” estatal (dejémoslo en autonomía) que se ha generado a raíz del anuncio y la presentación del operativo de seguridad “Veracruz Seguro” nos lo dirá su permanencia en las charlas de las mesas de café y en la redacción de los periódicos. Lo cierto e irrecusable es que no hay marcha atrás en el acuerdo entre el gobierno de Veracruz y el gobierno federal. Un acuerdo similar ya se ha firmado en otros estados, en donde el denominador común que los originó radica en la apatía y el quietismo de los gobernadores, que sistemáticamente han escurrido el cumplimiento de su responsabilidad en materia de seguridad pública.
Acontece que el Estado Mexicano lucía acotado por las ondas del crimen organizado sin que gobierno alguno hiciera nada por evitarlo. Por el irresponsable quietismo en los tres ordenes de gobierno que adoptaron la actitud del avestruz respecto de la seguridad pública ahora hablamos de “estado fallido”, al advertir la magnitud del avance alcanzado por ese magnifico adversario que amenaza en reducirle aún más los espacios al antes inatacable Leviatán. De no haber desplegado el presidente Calderón, el combate contra el delito, haya sido como haya sido, no hubiera transcurrido mucho tiempo para que algunos impuestos fueran cobrado en otras instancias.
Pero el presidente Calderón clasifica como un “rudo” de entre los que pelean en la arena política; esa pudiera ser una tesis para explicar el escenario y la forma en cómo se anunció el “Veracruz Seguro”. Pues recordó las imágenes de una reunión en el Pentágono, con el Secretario de Estado, la CIA y la Fiscalía General presentes, planeando lo necesario para invadir un país del tercer mundo, bajo un mando único al que se supeditan los mandos locales, “coordinación” es el eufemismo. Nada es casualidad, todo lleva un mensaje, pero la situación de Veracruz no está para contemplaciones. Seis años de irresponsable quietud con solo ruido sobre el tema de la seguridad fueron suficientes para acomodarlo en las condiciones en que se encuentra este estado.
A estas alturas ya no cabe duda que el gobernador Duarte de Ochoa se sacó la rifa del tigre, al que ahora como sea habrá que domesticar. Si bien en un principio había adoptado el mismo discurso de la fidelidad de que “no vamos a permitir que el crimen se asiente en Veracruz”, cuando todos en el estado ya advertíamos su presencia, ahora su gobierno ha decidido acciones que revelan que ha tomado distancia de ese discurso y de la simulación que implicaba. La liquidación de la policía intermunicipal Xalapa-Banderilla-Tlalnelhuayocan y de la corporación de tránsito municipal en esta capital señalan que se asume una realidad como muy complicada y hay voluntad de acción y de que “ahora sí” se combatirá al delito.
De entrada, le ha dado el lugar que le corresponde al Consejo Estatal de Seguridad Pública, como una instancia de coordinación en la materia. Precisamente el domingo dos de octubre, en Boca del Río se llevó a cabo la tercera reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública; allí el gobernador retomó el tema de la creación de un Observatorio Ciudadano, que es uno de los 10 Ejes de la Estrategia del Pacto de Seguridad que firmaron en septiembre de 2008 los gobernadores y el Gobierno Federal para formar un Sistema Integral de Seguridad Pública. Los diez puntos no fueron concesión graciosa del gobierno, sino que se originaron en la exigencia ciudadana manifestada en una gran marcha organizada en la Ciudad de México que al unísono reclamaba mayor atención a la seguridad pública.
La creación del Observatorio Ciudadano la anunció en esta aldea el entonces gobernador Fidel Herrera y, de acuerdo a su estilo, nombró al frente de este Observatorio Ciudadano al ex alcalde xalapeño Ricardo Ahued, a quien ya se le empezaba a mencionar como candidato a diputado federal. Si la idea era nombrar a un ciudadano representativo, de inobjetable ascendiente social y conducta intachable, sin duda Ahued Bardahuil cubre cabalmente y con creces ese requisito, solo que no tuvo tiempo (y tal vez tampoco apoyo), para echar a andar al Observatorio, porque se fue de diputado.
Fidel dejó acéfalo este órgano de control y evaluación hasta el fin de su mandato, no sin antes declarar el 13 de febrero de 2009 que su gobierno suscribiría un acuerdo con la UV “para la constitución del Observatorio Ciudadano”, de ese tamaño era la preocupación por echarlo a andar. El nuevo gobierno lleva once meses en funciones y, al menos en entrevistas ha manifestado la idea de reactivar este Observatorio. Por lo pronto, hay señales de que se están depurando los cuerpos policiacos y que muy pronto se hará lo que convenga en la procuración de justicia, acciones que figuran entre los 10 ejes propuestos en 2008.
Lo que llama la atención es que se reitere la participación de la Universidad Veracruzana, y habrá que esperar en qué consiste, porque la idea que dio origen formal al Observatorio Ciudadano habla de un mecanismo plural, representativo de los distintos sectores de la sociedad, para la planeación, el seguimiento y la evaluación del desempeño de las acciones en materia de seguridad, y que debe integrarse con individuos de la sociedad civil para verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos, señaladamente para fortalecer las denuncias contra la corrupción y la mala actuación de los servidores públicos en el ramo de la seguridad.
Otro de los diez ejes del compromiso de 2008 se refería a la creación de un centro estatal de confianza para evaluar la honestidad de los policías y la designación de un juez de control en el Tribunal Superior de Justicia, encargado de los procesos judiciales en delitos de alto impacto, tales como el homicidio, el secuestro y la pederastia.
Por cierto, y a propósito de las declaraciones de diversos actores políticos en la entidad, diputados, partidos políticos, líderes sociales, etc., ofreciendo sus apoyos al gobernador por la implementación del “Veracruz Seguro”, bien valdría medir su eficacia y el costo que representa su publicidad. Lo anterior, porque recuerda cuando Fidel Herrera hizo públicos los 10 Ejes Centrales de los que aquí hablamos, lo expresó en una reunión en la que congregó a diputados, a líderes sindicales, a empresarios y a los representantes de partidos políticos y las Iglesias. Entonces, personeros de Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, de Convergencia y del Partido Verde Ecologista, se comprometieron a estar alertas para que se cumplieran los puntos acordados. Obviamente el PRI, en el gobierno, no mostró objeción alguna.
Sobre el cumplimiento de este exabrupto político de los representantes partidistas ¿Habrá algún ciudadano veracruzano que les haya escuchado cuestionar sobre la aplicación de aquellos 10 puntos en materia de seguridad en nuestro estado? Para nada, lo que representa un claro ejemplo de simulación y desinterés por los asuntos que no les reporten ganancias electorales. En esta lógica, ¿de qué sirven las adhesiones de estos señores al gobernador, que no sea para demostrar una unidad de papel?
alfredobielmav@hotmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario