Jesús Murillo Karam
Si había alguna duda sobre la comprometida situación en que se halla el ex secretario general de gobierno de Michoacán, Jesús Reyna y que explica por qué se solicitó su arraigo y fue destituido de ese cargo, el propio titular de la Procuraduría General de la República, Jesús Murillo Karam la despejó ayer al asegurar que se tiene evidencias de las reuniones que sostuvo con Servando Gómez, “La Tuta”, con lo que lo hundió más.
Además, declaró que el del también ex gobernador interino no es el único caso por lo que tiene instrucciones de actuar contra los que lo hayan hecho, “independientemente de quienes son, qué piensan, de qué partido o qué filiación tienen”, porque lo que se persiguen son delitos, no personas.
Murillo Karam declaró que a partir de las investigaciones de los órganos de seguridad que están en Michoacán, se encontraron “muchas evidencias” de las reuniones de Reyna con “La Tuta”, aunque, sin dar nombres, dijo que “no es el único caso” ya que hay varios más contra los que se actuará una vez que se cuenten con las pruebas de ello, las cuales están siendo reunidas para proceder.
Explicó el titular de la PGR que a pesar de que la actual administración no es muy afecta a la aplicación de la figura del arraigo –él mismo, poco después de asumir el cargo se pronunció en contra de la misma- solicitado contra el ex secretario general de gobierno de ese estado, fue para “resguardar un bien superior, el cual es combatir la delincuencia organizada en Michoacán”.
A su vez, en Morelia, el comisionado del gobierno federal, Alfredo Castillo Cervantes, reveló que Reyna no colaboraba en las tareas de seguridad, tras reconocer que en el estado hubo muchos señalamientos sobre sus presuntos vínculos con Los Caballeros Templarios, si bien admitió que muchas veces es difícil sustentarlos en los documentos.
Por eso dijo que espera que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada integre todas las pruebas que existan en contra del ex segundo del gobernador, al advertir que en Michoacán, “la limpia tiene que ser total, caiga quien caiga”.
Alfredo Castillo
Las declaraciones de Murillo Karam y Castillo Cervantes dejan entrever que en cualquier momento puede haber más “localizaciones”, presentaciones e interrogatorios, vía arraigo, de quienes en ese estado, funcionarios o políticos, han sostenido relaciones personales o “institucionales” con los que lideran los cárteles de la droga que desde hace muchos años operan en tierras michoacanas, particularmente en la región de Tierra Caliente, incluido Apatzingán, considerado de tiempo atrás como el principal “bastión templario”.
Mientras tanto, dirigentes y legisladores del PAN y PRD insisten en que las investigaciones que se llevan a cabo vayan a fondo y se amplíen a todos aquellos que han sido señalados directa o indirectamente de tener vínculos con la delincuencia organizada y demandan que eso alcance al gobernador Vallejo, a pesar de que oficialmente se ha dicho que él no figura entre los que lo están siendo.
El caso de Reyna, quien el viernes fue trasladado de la capital michoacana a las instalaciones de la SEIDO para ser interrogado, se sumó al rechazo de las autodefensa de varios municipios que se niegan a entregar las armas, lo que ha empezado a tensar el clima que priva en la entidad.
Y es que de aliados del gobierno federal para combatir al narcotráfico, esos grupos de civiles armados se han empezado a mostrar reacios a atender ese exhorto, exigiendo que antes de hacerlo, el estado debe ser limpiado de los cárteles de la droga que han venido operando, principalmente en la región de Tierra Caliente.
El fin de semana, autodefensas de varios municipios se concentraron en Apatzingán para realizar marchas y bloqueos y demandar la liberación de algunos de sus compañeros que fueron detenidos por negarse a entregar las armas que poseen, lo que ha encendido un chispa que puede crecer en días y semanas venideros, lo que haría retroceder en los avances que hasta ahora se han logrado para pacificar a Michoacán.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
>>DE no actuarse con la suficiente inteligencia, sensibilidad y prudencia para lograr que los grupos civiles que forman las autodefensas entreguen las armas que poseen, algunos municipios y comunidades de Michoacán, pueden volver a convertirse en escenario de violencia.
>>LOS principales dirigentes de los mismos, que se rehúsan a entregarlas y que exigen la libertad de 40 integrantes que fueron detenidos por negarse a ello, insisten en que no atenderán el exhorto gubernamental.
>>UNO de los que se mantienen en esa posición es el doctor José Manuel Mireles, líder de las autodefensas de Tepalcatepec, que fue uno de los que revelaron los nexos y parentesco familiar de Reyna con “La Tuta”.
>>POR lo pronto, el gobernador priísta de Michoacán, Fausto Vallejo, designó a Marco Vinicio Aguilera como “encargado del despacho de la secretaría general de gobierno en sustitución de Jesús Reyna. El nuevo funcionario fue subprocurador y procurador de Justicia y ha ocupado diversos cargos en las áreas jurídicas.
>>SIGUEN las críticas e inconformidades en diversos sectores por la conformación del “nuevo” Instituto Nacional Electoral: una de ellas y más repetida es que el presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova, estuvo en Los Pinos para ser “palomeado”, antes de que fuera propuesto para ese cargo.
>>SI el PRI lo expulsa de sus filas, como lo exigen muchos militantes no sólo del Distrito Federal sino de todo el país, o si la Procuraduría de Justicia capitalina le finca alguna responsabilidad por el presunto delito de tener una red de prostitución, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre ya tendrá de qué presumir.
>>EL semanario británico “The Economist”, acaba de publicar un artículo sobre su escandaloso caso que tiene parados de punta a los dirigentes y legisladores del tricolor, aunque hay algunos como el líder de sus senadores, Emilio Gamboa, quien asegura que lo del ex dirigente priísta del DF en nada afecta a su partido.
Sen. Lisbeth Hernández Lecona
>>TAMPOCO, dice, el arraigo y destitución del ex gobernador interino y ex secretario general del gobierno de Michoacán y puede ser que tenga razón, sobre todo, si se hace un repaso de muchos otros priístas que fueron acusados públicamente de diversos ilícitos.
>>RARAS veces, éstos fueron investigados –si es que alguna vez lo fueron- y jamás se supo si resultaron responsables o no porque muchos de ellos, no solamente siguen en las filas de su partido sino que hasta han vuelto a ocupar cargos de representación popular o aún administrativos.
>>SIN embargo y pese a todo, el PRI tiene una enorme ventaja para las elecciones estatales que habrá este año y las federales del próximo porque tanto en el PAN como en el PRD andan a la greña por las internas de dirigentes que tendrán en meses venideros.
>>OOOTRA comparecencia de embustes habrá esta mañana en la Cámara de Diputados, cuando el director del Servicio de Transporte Colectivo, Joel Ortega, acuda a la Comisión del DF y ofrezca detalles de lo ocurrido en la Línea 12 del Metro.
>>COMO se recuerda, fue él quien declaró que los vagones rentados para esa ruta eran incompatibles con los rieles instalados, lo que el viernes pasado fue refutado por el representante de la empresa española que fabricó aquellos, Maximiliano Zurita, quien aseguró a los asambleístas capitalinos que sí existe compatibilidad y que lo que no hubo fue el mantenimiento recomendado.
>>MÁS que activa anda la senadora priísta Lisbeth Hernández Lecona, presidenta de la Comisión de Oceanografía que se encargará de coadyuvar en las investigaciones sobre ese caso de presunta corrupción. Ella reemplazó a su colega y compañera de partido, Arely Gómez, que declinó encabezar ese grupo legislativo por guardar cierto parentesco familiar con Martín Álvarez, uno de los involucrados en ese caso.
>>SE atora y se afloja la negociación sobre las iniciativas de leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones, al tiempo que los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones que encabeza Gabriel Contreras Saldívar, asumen la defensa de las facultades constitucionales de ese organismo y que han venido siendo cuestionadas por las empresas preponderantes en telefonía y televisión.
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