ARTICULISTA INVITADO
El pasado miércoles 9 de enero dimos un gran paso en materia de protección a víctimas del delito y reparación del daño: el Presidente Enrique Peña Nieto impulsó y promulgó, con el apoyo del Congreso de la Unión, la Ley General de Victimas que entrará en vigor 30 días después de su publicación como marca la norma.
La ley fue rescatada, después de que el gobierno anterior encabezado por el expresidente Felipe Calderón, sometió dicha ley a una controversia constitucional interpuesta el 19 de julio de 2012, argumentando que ésta no tenía sustento sobre la reparación del daño a las víctimas, lo cual había hecho imposible que esta viera la luz dejando en espera de sus beneficios a muchas víctimas del delito.
El esfuerzo realizado dentro del marco del Pacto por México sigue rindiendo frutos y esta Ley General de Victimas además de traer “consuelo en medio de la noche”, como apuntó el poeta Javier Sicilia, lo que trae también es un catálogo amplio de derechos que ahora serán reconocidos por el Estado y podrán ser garantizados por las instancias jurisdiccionales pertinentes de acuerdo al caso concreto.
El propio presidente Peña Nieto admitió que “hay un México lastimado por la violencia”, reconoció además la existencia de miles de personas que sufrieron y sufren los estragos del delito, de la pérdida de un hijo, de un padre, de un hermano, razón por la cual él, como primer mandatario, no puede dejar de escuchar las voces que reclaman justicia y que buscan refugio y atención en su gobierno.
Esta ley tiene como objetivos principales garantizar los derechos de las víctimas y proteger sus derechos humanos, brindar protección, asistencia, hacer valer el derecho a la verdad, a la reparación integral, garantizar la no repetición del delito y en general garantizar todos los derechos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales que México ha suscrito y por ende forma parte.
La ley en cuestión es un ejemplo para el mundo en cuanto al compromiso del Estado con el respeto a los derechos y reparación del daño, así como en redimensionar los efectos negativos y alcances del delito para restituir a la víctima en el pleno goce del derecho soslayado. La propia ONU ha reconocido el esfuerzo de México por adecuar su marco jurídico a las recomendaciones realizadas por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navy Pillay, durante su visita al país en julio 2011.
En la propia norma se contempla un plazo de 90 días para la creación de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas, contando éste con una Comisión Ejecutiva que representará a las víctimas y organizaciones de la sociedad civil; de igual manera proyecta crear un Órgano de Asesoría jurídica a los afectados, un Registro Nacional de Víctimas y el Fondo de Ayuda y Reparación Integral.
Ya está lista la primera piedra que es esta Ley de Víctimas, pero este es el comienzo de una serie de acciones que deben realizarse en el corto y mediano plazo para hacer efectivos los derechos consagrados en la ley y sobre todo para subsanar los errores de la administración pública al tratar a las víctimas del delito. Desde el Congreso de la Unión realizaremos los esfuerzos necesarios para dar seguimiento a los resultados de esta nueva norma y crear una reglamentación adecuada que la haga viable y eficaz.
El Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, expresó con certeza que la ley es perfectible, ya no podemos caer en el confort de pensar que una vez aprobada la norma por sí misma remediará los problemas a los que está enfocada, debemos cuidar su evaluación para conocer que falta normar, para saber cómo podemos acercarla a la calidad para que brinde mayores beneficios a los ciudadanos.
Desde mi posición en el Senado reconozco la disposición del Presidente de la República a cumplir con su palabra empeñada a los mexicanos de rescatar esta ley, reconozco también el compromiso de las fuerzas políticas del Congreso de la Unión para dotar a México de la normatividad que requiere para brindar mayor protección a sus ciudadanos y garantizar mejor los derechos de todos los ciudadanos.
No está por demás reiterar que desde mi representación en el Senado seguiré luchando para proponer y contribuir a aprobar las leyes más urgentes y necesarias para la seguridad de los mexicanos y para la calidad de vida en general como parte de la idea de democracia que compartimos en nuestra sociedad. Ni un paso atrás: debemos seguir con los esfuerzos conjuntos para propiciar el orden y el respeto ciudadano pero sobre todo poder evitar el sufrimiento de nuestros ciudadanos y procurar lo necesario para su bienestar.
tw: @HectorYunes
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