Edgar Hernández/ Línea Caliente
Con un faltante por desvíos, no por 7 mil millones de pesos, sino por 28 mil millones de pesos acompañados de 21 denuncias de la Auditoría Superior de la Federación ante la PGR contra funcionarios y ex funcionarios del Duartismo –Gabriel Deantes, Fernando Charleston, Iván López Fernández, Tomás Ruíz, Carlos Aguirre, Marcelo Montiel, Salvador Manzur, Jorge Carvallo y Vicente Benítez, entre otros- y un Contralor General, Ricardo García Guzmán, acorralado por el fuego amigo al negarse a la complicidad, el gobierno de Javier Duarte se mueve entre el pánico y la quiebra financiera.
Ricardo García Guzmán, cómplice de brutal saqueo de recursos públicos en Veracruz
Es por ello que en lo inmediato la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que encabeza Luis Videgaray, ha solicitado la remoción del secretario de Finanzas, Mauricio Audirac, previa revisión de cuentas.
Documentos de la ASF acompañados de órdenes ministeriales –cuyas copias están en poder de este reportero- dan cuenta de daño patrimonial, subejercicios y desvíos multimillonarios que ameritan cárcel.
Tan solo en el 2011 las irregularidades fueron por 12 mil millones de pesos, en el 2012 por 7 mil 740 millones de pesos y en el 2013 por 28 mil millones de pesos en números redondos, en donde si bien se registraron devoluciones, se volvió a caer en el ilícito al supuestamente realizarse transferencias equivocadas.
Para la ASF el asunto está muy claro.
Para la ASF el asunto está muy claro.
Si en el 2012, por citar un ejemplo, en la Secretaría de Seguridad Pública no se encontraron en bancos 258 millones 251 mil pesos, ni se comprobaron 58. 5 millones de pesos, para el 2013 se detectaron que no se invirtieron 348 millones.
En el caso de la Secretaría de Finanzas, la ASF detectó en 2011 y 2012 el jineteo de los réditos bancarios por retención de pago de nómina, así como pagos tardíos o a destiempo, mientras que para el 2013 las auditorías arrojaron el desvío de 843 millones del Fondo de Aportaciones Múltiples.
Escandalo similar se detectó por pagos tardíos y réditos bancarios en las participaciones federales destinadas a los 212 municipios.
En el Informe presentado ante la Cámara de Diputados por el Auditor Superior de la Federación Juan M. Portal, reporta para el caso Veracruz un concepto que se refiere a la detección de desviaciones o irregularidades que si bien pueden ser solventadas reintegrando los recursos desviados o no ejercidos, no se puede caer en la recurrencia o intencionadas equivocaciones.
Ello se conoce como recuperación de fondos, una recuperación que la ASF permite a Veracruz, ante el caudal de irregularidades, el pago de 7 mil millones de pesos en devolución inmediata y el resto sujeto a comprobación y devolución de manera calendarizada.
Sin embargo el gobierno del Estado no tiene para pagar. Está quebrado.
Apenas y puede con la nómina (aún debe aguinaldos y pagos devengados) y sigue dando largas a sus acreedores: presidentes municipales, empresarios, constructores, prestadores de servicios, dueños de medios, empleados estatales y a aquellos que participaron en la organización de los Juegos Centroamericanos, etc.
Así pues, Veracruz en este 2013, ocupa el primer lugar entre los 7 estados con mayores reintegros a la ASF con 9 mil 245 millones de pesos.
Es decir, de los más de 67 mil 168 millones de pesos observados a nivel nacional las entidades federativas que concentraron la mayor proporción del monto observado fueron Veracruz con el 17.3%; Michoacán con el 9.9%; Jalisco el 8.6%, Estado de México el 5.6%; Chiapas, el 5.2%; Guerrero, el 4.5%, y Oaxaca, el 4.3%.
El informe general de la ASF es muy extenso y complejo.
Queda sin embargo muy nítido que por tercer año consecutivo se dispuso de manera irregular tan solo del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por un monto de 4 mil 273.8 millones de pesos.
Queda sin embargo muy nítido que por tercer año consecutivo se dispuso de manera irregular tan solo del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud por un monto de 4 mil 273.8 millones de pesos.
Inodados y sujetos a investigación por este tema son el administrativo de José Antonio Nemi, Pedro Solís y el exsecretario de Salud, Pablo Anaya Rivera.
Asimismo se tomaron fondos federales del seguro popular en el 2012 por 300 millones de pesos y 900 millones de pesos para el 2013. Por ello en abril del 2014 el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para investigar el presunto desfalco millonario en el Seguro Popular y Sesver.
Consecuentemente la ASF ya denunció penalmente ante la PGR al director general del Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Veracruz, Leonel Bustos Solís.
Asimismo hay reclamo judicial al 31 de diciembre del 2013, contra Tomás Ruiz González, Salvador Manzur Díaz y Fernando Charleston Hernández (aún con fuero), quienes de acuerdo a las reglas del Fondo debieron administrar las aportaciones federales que no fueron ministradas a la dependencia ejecutora de Salud.
En el lodazal también queda manchado ORFIS, que encabeza Lorenzo Antonio Portilla al dejar hacer y dejar pasar y arrojarle todo el paquete a la Contraloría General del Estado que encabeza Ricardo García Guzmán, un hombre probo que ha sido limitado en sus funciones tras presentar pruebas de malos manejos y corruptelas de funcionarios intocables.
Las declaraciones patrimoniales investigadas a fondo por el Contralor General –en lo particular a una triada de secretarios del gabinete- revelan fortunas millonarias obtenidas de manera ilícita.
Por ello lo desacreditan, lo golpean en cierta prensa y lo quieren obligar a la complicidad.
Ricardo García Guzmán ya por lo pronto ha manifestado que se mantendrá en su postura y en corto ha dicho a sus allegados que ya puso sobre la mesa del gobernador su renuncia aduciendo que no será cómplice ya que tiene un prestigio que cuidar.
De ese tamaño es el desorden en la administración del estado próspero de Veracruz.
Fueron 18 las auditorías practicadas al Gobierno de Veracruz en 2013 –en el 2012 fueron 30- detectando graves irregularidades por lo que se reclama se proceda contra funcionarios públicos estatales a través de 12 acciones de “Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionaria (PRAS)”.
La ASF emitió asimismo 36 Recomendaciones, 10 solicitudes de aclaración y 18 Pliegos de Observaciones que las dependencias estatales deberán acatar.
En Veracruz, la Auditoría Superior de la Federación ha detectado además millonarios daños patrimoniales en el manejo de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal; los del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, así como también en el Fondo Regional (FONREGIÓN) en el Estado de Veracruz.
Tan sólo en el Fonregión 2013 la ASF señala daño patrimonial de 452 millones 900 mil pesos que la Secretaría de Finanzas retiró de la Cuenta bancaria específica y no acreditó en qué y cómo los uso.
Tan sólo en el Fonregión 2013 la ASF señala daño patrimonial de 452 millones 900 mil pesos que la Secretaría de Finanzas retiró de la Cuenta bancaria específica y no acreditó en qué y cómo los uso.
Por ello la ASF pidió iniciar 4 procedimientos contra funcionarios estatales de responsabilidad administrativa y sanciones penales contra Carlos Aguirre, Tarek Abdalá y Juan Manuel del Castillo, los primeros por sus gestiones como tesoreros y el segundo por el manejo de recursos entregados a la oficina del gobernador.
En síntesis.
En síntesis.
Las irregularidades que ameritaron denuncia penal fueron por:
Recursos no ejercidos, no devengados o no reintegrados a la TESOFE a la fecha de cierre de las auditorías, que representó el 29.2% (22,993.3 millones de pesos). Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones, con el 23.1% (18,189.9 millones de pesos) y transferencia de recursos a cuentas bancarias distintas a las autorizadas, que significó el 13.9% (10,945.5 millones de pesos).
Recursos no ejercidos, no devengados o no reintegrados a la TESOFE a la fecha de cierre de las auditorías, que representó el 29.2% (22,993.3 millones de pesos). Falta de documentación comprobatoria de las erogaciones, con el 23.1% (18,189.9 millones de pesos) y transferencia de recursos a cuentas bancarias distintas a las autorizadas, que significó el 13.9% (10,945.5 millones de pesos).
Asimismo ameritan sanción 21 funcionarios del Duartismo por recursos aplicados en obras, acciones y conceptos que no se corresponden con los fines de los fondos y programas, el 10.2% (8,031.9 millones de pesos), pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal, el 5.5% (4,330.9 millones de pesos) y recursos no entregados por las Secretarías de Finanzas a los entes ejecutores, el 3.4% (2,677.3 millones de pesos).
Es una verdadera danza de millones tan solo por la aplicación, la no aplicación y el desvío de recursos federales.
Falta observar el presupuesto estatal que al detalle muestra comportamientos similares cuya claridad reclama la opinión pública veracruzana. Esa ropa sucia se lavará en casa.
Y será objeto de otro análisis.
Y será objeto de otro análisis.
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