CAMALEON
No muchos días atrás circuló la noticia acerca de que el político democristiano Alemán Christian Wulff que se desempeñaba como presidente germano presentó su renuncia al cargo porque “había perdido la confianza del pueblo alemán…por esta razón ya no me es posible ejercer el cargo de presidente en el país y en el exterior como es debido”. La dimisión de Wulff fue provocada por la publicación de indicios que develaron haber recibido canonjías por beneficios dispensados a diversos empresarios.
No es el primer caso de un político que renuncia por motivos de corrupción, no pocos en los Estados Unidos y en Inglaterra han dejado el cargo por estar involucrados en relaciones extramaritales hechas del conocimiento público, un fenómeno social que en México acontece con la frecuencia de las sequías e inundaciones pero aquí no pasa nada.
Pocos días después destacó la noticia de que Paul Babeu, un sheriff de Arizona, había renunciado a la coordinación de la campaña del candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos, Mitt Romney, tras reconocer que había tenido relaciones homosexuales con un migrante mexicano quien lo acusó de amenazarlo con la deportación. Valiente, Paul bebeu aceptó sus preferencias sexuales, aunque negó las acusaciones sobre las amenazas. Se ignora si frente a esas circunstancias también renunciará a sus pretensiones de convertirse en congresista de su país por el partido republicano, pero, por lo pronto, su caso expresa una de las particularidades más sobresalientes de las actitudes adoptadas por quienes aspiran a un cargo público en el vecino país. (gobernantes.com 19-II-12))
Sin duda son estructuras mentales y políticas muy diferentes a la nuestra, pues aquí las élites gobernantes gustan de pronunciar discursos moralistas contra la corrupción y contra la impunidad declarándose categóricos defensores del “quien la hace la paga”, pero en los hechos son garantes de la más desvergonzada simulación.
Es iterativa la frecuencia con la que en este país escuchamos la pesimista y desilusionada expresión de que “en México no pasa nada, y cuando pasa, tampoco pasa nada”, para traducir la idea de que simulamos en todo, y de que la impunidad, compañera inseparable de la corrupción, es reina de todas las malas conductas y madre de lo mucho de cuanto asunto negativo ocurre en México. En el intento por comprobarlo pudiéramos escarbar así fuera superficialmente en nuestros antecedentes como nación y sacar a relucir infinidad de casos que ejemplificarían lo hasta aquí escrito. Como cuando el asesinato de Colosio, tras del cual inmediatamente se escucharon las consabidas frases de “se investigará hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga”, “no descansaremos hasta descubrir el origen de este magnicidio”, etc. aunque, simultáneamente, en la conciencia popular campeaba la certeza de que nada ocurriría, tal cual sucedió.
Meses después, en septiembre de aquel 1994 asesinaron al diputado Francisco Ruiz Massieu, cuya trayectoria política le auguraba mejores avatares; el crimen nunca fue aclarado pero sirvió para entretener a la opinión pública con noticias que en el fondo solo llevaban la intención de cebar a una ciudadanía ávida de distracción, a falta de pan, circo.
Como bien se dice, la suerte del todo la lleva lo accesorio y, por asociación de ideas deviene la reflexión acerca de cuanto ocurre en la aldea veracruzana relativo al comportamiento de las elites políticas. Algunos casos:
Por la profusión de notas periodísticas relativas a lo que hace el gobierno estatal sabemos que la contraloría implementa el programa “Yo soy honesto”, divulgado principalmente entre educandos de primaria, sin duda todo un acierto porque es en la conciencia rasa del niño en donde mejor se puede sembrar la semilla de la anticorrupción. Desafortunadamente, la oficina que la instrumenta no vincula ese buen propósito a sus tareas normativas, a juzgar por las elásticas revisiones que lleva a cabo sobre el manejo de las dependencias gubernamentales a las que tiene que evaluar y controlar. Es decir simula con un programa lo que en la práctica omite.
Por caso, se difundió no ha mucho en los medios de comunicación locales la noticia de que el responsable de los bachilleratos de la SEV no cubre el perfil profesional que la ley exige para desempeñar ese cargo. Cierto o no nada se ha informado sobre este particular, la respuesta ha sido el silencio, acaso esperando que el transcurso del tiempo colabore para que todo quede en el olvido.
Otro más, la Auditoría Superior de la federación detectó que el gobierno de Veracruz en tiempos de Fidel Herrera inauguró en 2009 el puente Palo Amarillo-Amayales, sobre el río Atoyac en el municipio de Carrillo Puerto, lo construyó con recursos obtenidos de la bursatilización del impuesto de la tenencia vehicular, la obra se hizo entre el 27 de enero al 11 de octubre de 2009, pero posteriormente aquel gobierno gestionó y obtuvo de la Federación 15 millones 548 mil pesos para la misma obra, que por cierto colapsó por el desbordamiento del río Atoyac el 18 de septiembre de 2010. Nada de esto detectó la revisión de la cuenta pública de ese año, un granito de arroz más en el enorme pantano de la impunidad del que somos testigos los veracruzanos.
Quizás por esta razón y para evitar aquello del que calla otorga, recientemente pudimos observar el indudable poder de gestión que tiene el actual alcalde de Tuxpan, Alberto Silva Ramos, pues para borrar cualquier vestigio del calumnia que algo queda, cuando no habían pasado ocho días de la publicación de la noticia acerca de que el ayuntamiento tuxpeño enfrentaba un extraordinario adeudo a proveedores por la obra pública que realiza, por el gasto en medios de difusión y por onerosos dispendios, logró que en esa ciudad que gobierna se celebrara el Foro Regional denominado “Transparencia de la Gestión Pública Municipal”, con la presencia de la plana mayor del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), allí, en voz de uno de sus consejeros, el IVAI reconoció que “El Honorable Ayuntamiento de Tuxpan ocupa entre los 212 municipios del estado, el primer lugar en materia de cumplimiento de las obligaciones de transparencia…obtenida como resultado de la supervisión semestral que realiza este órgano garante”. Cierta o no, esta versión desmiente lo publicado en contra del alcalde. Ahora, lo deseable sería que el IVAI, tan discreto como usualmente se muestra, siguiera similar procedimiento con otros casos y áreas administrativas del actual gobierno con la misma celeridad que aquí se condujo.
La cereza del nada apetitoso pastel que aquí se diseña la encontramos en la información que proporciona el articulista Armando Ortiz respecto de la desaseada administración de los recursos presupuestales en la Secretaría de Turismo del gobierno veracruzano, un reportaje cuyo contenido no deja de asombrar a pesar de que expresa un añejo costumbrismo. Primero, porque revela un descarado abuso del recurso público y, segundo, porque no se informa que se haya iniciado una investigación sobre esta denuncia pública o que, por lo menos, alguno de los involucrados intente un desmentido testimoniado contra lo que abiertamente afirma en su revelador artículo Armando Ortiz y lo ratifica con su firma. De resultar ciertas las sumas millonarias que indebidamente se están embolsando los personajes allí señalados -a quienes de ninguna manera les cuadrarían las cuentas de sus ingresos en un régimen de honestidad y transparencia- sería una ofensa más a la enorme porción de veracruzanos que sobrevive en extrema pobreza y a la que se pretende privilegiar con programas asistenciales que no les remediarán su condición económica.
Pero, claro, como este es el país del no pasa nada, no esperemos que sobre el particular ocurra algo significativo; salvo que por convicción o inspiración se decida que ya es hora de empezar a limpiar la casa de tanto latrocinio con solo aplicar la ley; eso sí, con equidad y género.
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