ARTICULISTA INVITADO
Los
fenómenos meteorológicos recientes han generado pérdidas irrecuperables para la
población de los estados afectados y enormes daños materiales que tendrán que
ser reparados lo más pronto posible para devolver la tranquilidad a las
familias perjudicadas. Al momento en que escribo estas líneas se reporta el
fallecimiento de 147 personas y las pérdidas en vivienda y patrimonio de miles
de mexicanos. Además, se calcula el detrimento total
de 613 mil hectáreas de cultivos y de 40 mil
unidades productivas del sector ganadero.
A
escala nacional, 58 mil 531 personas han sido desalojadas, de las cuales 39 mil
se encuentran en albergues. En tan sólo cuatro días se emitieron diez
declaratorias de desastre natural para 167 municipios de ocho entidades
federativas, lo que equivale al 20 por ciento de las emitidas, entre el 1 de
septiembre de 2011 y el 31 de julio de 2012.
La
respuesta del Estado mexicano y el apoyo constante de la sociedad civil han
permitido optimizar el abasto alimentario, el suministro de agua, el
aprovisionamiento de luz eléctrica y comenzar con el otorgamiento de apoyos
para la reconstrucción de viviendas dañadas. El Gobierno Federal ha anunciado
que se encuentran disponibles más de 12 mil millones de pesos del Fondo de
Desastres Naturales para la atención de los daños y el apoyo financiero, a
través de donaciones, continúa.
Si
bien, la respuesta y los avances logrados hasta hoy, ante la grave coyuntura
que vive México, son positivos, estamos en un momento crucial en el que las
acciones que se lleven a cabo podrán determinar el rápido mejoramiento en las
condiciones de vida de las comunidades o el surgimiento de problemas
adicionales a los ya existentes.
El
deterioro de la infraestructura y de los servicios básicos puede generar el
surgimiento de enfermedades que en condiciones normales serían prevenidas y
atendidas con facilidad. Durante estos eventos, frecuentemente se observa que
la falta de un orden institucional sólido pone en riesgo la integridad de los
individuos más vulnerables y que el funcionamiento inadecuado de los canales de
subsistencia daña gravemente el tejido social ante la desesperación y la
miseria.
De
manera específica, las inundaciones derivadas de los fenómenos meteorológicos
permiten el surgimiento de enfermedades, principalmente de aquellas transmitidas
por el agua y por vectores. La contaminación de las fuentes de agua potable
pone en riesgo la salud de quienes tienen necesidad de utilizar dicho recurso
en condiciones de escasez y pueden desencadenar en epidemias. Frente a dichos
riesgos, los sistemas de salud se encuentran limitados y los insumos para
atender a la población son restringidos.
Conforme
los niveles de agua bajan en una inundación, nuevos problemas y riesgos deben
confrontarse: la migración de especies animales y la proliferación de charcos
que constituyen fuentes de infección; las condiciones deterioradas e inestables
del territorio que vulneran la seguridad de quienes pretenden regresar a sus
hogares; la probable confrontación civil y la falta de orden derivados de la
búsqueda de apoyos y del impacto psicológico al intentar asimilar las pérdidas.
Las
experiencias previas de desastres generados por fenómenos hidrometeorológicos
en México y en el mundo, muestran que la implementación adecuada de las
acciones de recuperación es fundamental para enfrentar las dificultades
sociales, epidemiológicas, territoriales y ambientales que pueden derivarse de
las condiciones de devastación del entorno.
A
partir de lo anterior, se pueden observar algunos elementos básicos para la
intervención en el momento actual. Las actividades que se están llevando a cabo
en los tres niveles de gobierno son atender a la prevención en el marco de la
reparación; es decir, están programando de manera eficiente las medidas, las
acciones y los apoyos que seguirán generándose durante toda la etapa de
restauración y ayuda.
Al
respecto, resulta primordial proceder con base en información confiable en
torno la gravedad y de las condiciones del impacto del desastre y las
inundaciones. La generación de evaluaciones continuas, certeras y ágiles
constituye un insumo central para trabajar y prevenir los riesgos mencionados.
A
partir de dichos instrumentos, es necesaria una focalización de los apoyos
claramente definida, mediante el establecimiento de prioridades sustentadas en
el grado de vulnerabilidad de la población. Es importante apoyar a las personas
con menor fortaleza física e independencia, proteger a los niños y los
ancianos, y a las mujeres y los hombres que lo necesiten particularmente.
El
sistema de salud contingente, que atiende a las apremiantes necesidades de la
población y el mantenimiento de canales de comunicación con la población afectada,
debe sostenerse siempre. De la misma manera, la coordinación entre sectores y
organizaciones que participan en apoyo a los afectados debe ser armónica.
Aprovecho la oportunidad para reconocer al personal médico y voluntarios
abocados a atender a la población afectada.
Asimismo,
existen espacios que requieren la actuación y mejora en materia de
asentamientos humanos, construcción de infraestructura, comunicación y atención
a contingencias que es necesario revisar y atender con propuestas en beneficio
de los más vulnerables.
Es
importante demostrar lo que hemos aprendido de desastres previos, que por
desgracia han ocurrido en nuestro país, y actuar en la reconstrucción de las
condiciones de vida de todos los mexicanos afectados.
Considero
fundamental, fortalecer medidas cotidianas y eficaces de prevención, a la vez
de vigorizar un sistema de protección civil eficaz y coordinado para la
tranquilidad de nuestra ciudadanía, privilegiando la cultura de la prevención
como se hace en el estado de Veracruz y que ha sido apuntalada en los últimos
años por el gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Confiemos
en que podemos crecer a partir de lo observado y lograr que los desastres
naturales cada vez afecten en menor medida a nuestra población.
PD.
Desde este espacio reiteramos nuestra gratitud y reconocimiento a la gran labor
de nuestras Fuerzas Armadas.
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